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Crisis del coronavirus ANÁLISIS

Descalabro político en la desescalada

Sánchez mantiene aparcada su respuesta a Canarias en un marco de bronca nacional y tensiones en todos los frentes

El presidente Ángel Víctor Torres en la última videoconferencia de presidente autonómicos .

El presidente Ángel Víctor Torres en la última videoconferencia de presidente autonómicos . EFE/ ÁNGEL MEDINA

No es muy probable que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, esté dedicando en estos momentos mucho tiempo y la necesaria energía en responder a la carta que le envió el pasado viernes el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reclamando un plan de medidas urgentes para afrontar la grave crisis económica que se cierne sobre el Archipiélago. La misiva de Torres llega a La Moncloa en el peor momento posible por el marco en el que se desenvuelve el Ejecutivo estatal, asediado por la oposición, con el mayor encono político vivido desde hace tiempo, víctima de sus propios errores, y con fuertes tensiones en todos los frentes, incluidos algunos abiertos por los propios barones territoriales socialistas por la falta de comunicación, de respuestas y de criterios claros en los asuntos claves en esta fase de la pandemia y de sus consecuencias económicas.

Este es el caso de Canarias, donde el Gobierno regional se mantiene a la espera de que se active el foro bilateral que debe abordar el rescate económico y social de las Islas por el cierre casi total durante meses del sector turístico, y a cuyo retraso en la convocatoria está creando obvio malestar entre los socios del 'pacto de progreso'. También el sector empresarial insta al Ejecutivo de Torres, y a él como presidente, mayor "contundencia" ante el Estado porque sin las garantías de esas medidas, los efectos serán más graves y las posibilidades de recuperación más débiles. Cabildos y ayuntamientos, por su lado, expresan, ya al borde del sostenimiento de sus cuentas, la urgencia de poder disponer de sus superávit y remanentes.

Mientras este panorama va aumentando día a día la preocupación en Canarias, con el Ejecutivo esperando la respuesta de Sánchez y tratando de cerrar un acuerdo de consenso para la aprobación de un plan regional de reconstrucción, la situación política estatal está en las antípodas del terreno en el que debería moverse para afrontar el reto que el país tiene por delante. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos está viviendo sus peores momentos justo cuando la emergencia sanitaria está controlada, con todo el país ya al menos en fase 1 del desconfinamiento, y cuando podía empezar a sacar algunos réditos en la aplicación paulatina de una desescalada que, por el contrario, se está convirtiendo en su mayor descalabro. En parte por la presión insoportable de una oposición que abandonó el sentido de Estado hace tiempo, pero también por los errores propios y las lagunas de gestión, el Ejecutivo de Sánchez está perdiendo mucha de su credibilidad y toda oportunidad de controlar el relato sobre la gestión de la pandemia, tanto en sus aspectos sanitarios (desconcierto en los datos oficiales sobre muertos por coronavirus), como de aplicación de la desescalada, o de la puesta en marcha del plan de reconstrucción económica.

A los problemas surgidos en la dinámica de desconfinamiento, por las reclamaciones de la mayoría de las comunidades autónomas en acelerar las fases y la negativa del Ministerio de Sanidad a contentar a todo el mundo, se han unido en los últimos días distintas decisiones del Ejecutivo que han disparado la tensión y las críticas. Desde las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, desprestigiando al sector turístico español, hasta la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de destituir al general Domingo Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, en medio de una investigación judicial, que llevaba a cabo el propio instituto armado, sobre la autorización de la manifestación del 8-M en Madrid y su posible incidencia en la propagación del virus. Son dos de las varias actuaciones del Ejecutivo que han sembrado confusión incluso en las filas socialistas, y que minan el complejo camino hacia la nueva realidad postconfinamiento, y la capacidad de liderazgo del gabinete en la tarea de la reconstrucción.

Aunque el caso Pérez de los Cobos es el que políticamente más ruido está haciendo, otras cuestionadas actuaciones del Ejecutivo tienen mayor relevancia por su incidencia en los planes de futuro económico y social del país. En particular el acuerdo firmado la semana pasada con Bildu para su abstención (innecesaria matemáticamente) a la prórroga del estado de alarma. En él se comprometía a la "derogación íntegra" de la reforma laboral, y a permitir a todas las administraciones vascas y navarras usar su superávit, y a las dos comunidades forales endeudarse al margen de la ley de estabilidad. El primero de los puntos fue corregido de forma inmediata por el Gobierno tras la negativa de la ministra de Economía, Nadia Calviño, a aceptarlo. Todavía sigue la pugna interna con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre el alcance real de ese acuerdo, pero todo hace pensar que se mantendrá la intención inicial de los ministerios implicados de derogar únicamente los aspectos más lesivos de la ley de 2012.

Agravios y crispación

El segundo punto del acuerdo con Bildu, de menor recorrido mediático, es sin embargo de tanto o más calado y contribuye además a incrementar las tensiones territoriales y el malestar de algunas comunidades autónomas con el Gobierno central. Otorgarle a País Vasco y Navarra una mayor capacidad y libertad de endeudamiento y facilitarle el uso del superávit supone un claro agravio para las otras comunidades con las cuentas saneadas, al menos hasta ahora, y en especial para Canarias, con superávit y con el menor endeudamiento de todas ellas, y que llevan tiempo reclamándolo. Máxime en estos momentos en que esos recursos tan necesarios serán para paliar la caída de los ingresos por la inactividad económica. Este ha sido el elemento que ha disparado las quejas en las Islas contra Sánchez y ha elevado el tono del Ejecutivo de Torres, coincidiendo con este momento de crispación política en Madrid expresado en la convulsa sesión parlamentaria de ayer en el Congreso, y que un amplio sector político y mediático de la derecha está tratando de trasladar a la calle.

El otro asunto sobre el que pivota el desgaste de Sánchez entre los gobiernos autonómicos, incluidos algunos del PSOE o aliados, es el reparto de los 16.000 millones de ayudas a las regiones para paliar los efectos económicos del coronavirus, tanto en ayudas para la sanidad y para asuntos sociales, como para paliar la caída de ingresos. La ausencia de explicaciones sobre los criterios de reparto es el elemento común de queja, que en el caso de Canarias se suma el hecho de que no se haya tenido en cuenta que pierde un mayor porcentaje de ingresos que el resto de autonomías por los impuestos propios inherentes al REF.

Los problemas del Gobierno central se verán incrementados de nuevo la próxima semana si, como parece que hará, vuelve a pedir una nueva prórroga del estado de alarma. Si en la anterior ocasión, la semana pasada, salvó la votación por el acuerdo con Cs, lo tendrá más difícil ahora tras conocerse los episodios del pacto con Bildu y la actuación de Marlaska, al que la formación naranja, al igual que han hecho el PP y Vox, le ha pedido la dimisión. Este no es el mejor contexto para que el Ejecutivo se ponga en serio a trabajar para la convocatoria de esa comisión bilateral con Canarias, aunque sea consciente de que de ello dependa recuperar el apoyo del diputado de NC, Pedro Quevedo, en un contexto parlamentario en el que, junto al de Ana Oramas, de CC, podría ser decisivo en función de las muchas aritméticas posibles para esa votación.

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