El Ingreso Mínimo Vital (IMV) que aprobó ayer el Consejo de Ministros beneficiará a por lo menos 90.000 residentes en las Islas que atraviesan una situación de pobreza severa, aunque previsiblemente esta cifra será mayor pues se prevé ayudar también a familias en una situación menos extrema. Éstos son los datos que maneja la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno regional, que estima que 48.500 hogares canarios cuyos miembros disponen de menos de 398 euros por persona podrán beneficiarse de esta ayuda estatal. A éstos se sumarán las familias que se encuentran entre la pobreza severa y el umbral de la pobreza -con 589 euros de ingresos por persona-, aunque no existen datos exactos sobre cuántos hogares se sitúan en esta horquilla social. En el conjunto de España, hasta 2,3 millones de ciudadanos -850.000 unidades de convivencia- se beneficiarán del IMV, que tendrá un coste de 3.000 millones para el Estado, según explicó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Esta nueva renta vital mínima terminará sustituyendo a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), a la que el Ejecutivo autonómico destina este año 54 millones repartidos entre 13.500 personas. En abril, 6.340 unidades familiares recibieron esta ayuda, lo que supuso un desembolso mensual de 3,7 millones a las arcas regionales. Una cantidad que terminará ahorrándose el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres pues, aunque durante un tiempo la PCI convivirá con el IMV, finalmente desaparecerá para ser sustituida por la renta ciudadana canaria, que se convertirá a su vez en un complemento del Ingreso Mínimo Vital. Aunque desde el área que dirige Noemí Santana todavía no se ha decidido cómo se sumará la aportación canaria a la estatal, sí se baraja centrarla en las ayudas al alquiler con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de todos los residentes. El objetivo es llegar al mayor número de familias y personas en situación de exclusión social, tal y como ha afirmado Santana en más de una ocasión.

Desde enero a finales de abril, se sumaron 1.384 unidades de convivencia más al cobro de la PCI -hasta alcanzar las citadas 6.340-, que además este año contó con seis millones más de presupuesto porque se creó la posibilidad de que quienes la habían cobrado durante 24 meses -el tiempo máximo durante el que se otorga esta prestación- pudieran pedirla de nuevo en el caso de que tuviesen menores a cargo y carecieran de ingresos.

Las diferencias económicas

El IMV no sólo ayudará a un 85% más de familias canarias que la PCI, sino que además las ayudará mejor. Las cuantías de la renta estatal varían desde los 462 euros en el supuesto más bajo -un adulto sin hijos- hasta alcanzar el máximo de 1.015 euros para los hogares con cuatro adultos y un niño. Además, para las familias monoparentales el Ejecutivo central incluye un complemento de cien euros más.

Teniendo en cuenta estas cantidades, el Ingreso Mínimo Vital supera a la Prestación Canaria de Inserción en todos los casos -excepto en el de un adulto sin hijos, donde la canaria es 27 euros más alta-. Sin embargo, para el resto de unidades de convivencia, la nueva medida del Gobierno central supera con creces a la del Archipiélago, que llega a un tope de 682,51 euros cuando la familia está formada por seis o más miembros, frente a los citados 1.015 del IMV. En el caso de una familia tipo de dos adultos con dos menores, con la PCI cobran actualmente 634 euros, mientras que con el ingreso estatal alcanzarán los 877 euros, es decir, 243 euros más. En el caso de un adulto con dos menores a cargo, con la PCI cobra 550 euros y con el IMV pasará a obtener 838 euros -a los que se sumarán cien euros en el caso de que sea familia monoparental-.

El ingreso estatal podrá solicitarse a partir del 15 de junio y podrá hacerlo todo adulto que tenga entre 23 y 65 años. Para optar a él, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, para certificar que esta ayuda llega a los hogares más vulnerables, se exigirá un patrimonio -en el que no se tendrá en cuenta la vivienda habitual- inferior a tres veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.

En el caso de la PCI, a ésta pueden acceder las personas en situación de vulnerabilidad social que no cuentan con ningún otro ingreso -paro, subsidio o pensión-, así como aquéllas que carezcan de un patrimonio de valor superior a tres veces la cuantía anual de la ayuda económica correspondiente. En el caso de la prestación isleña, tampoco se computa el valor de la vivienda donde reside la unidad familiar.

Independientemente de los límites patrimoniales, unos 100.000 hogares recibirán la prestación de oficio en junio sin necesidad de solicitarla, ya que la Seguridad Social ya tiene identificada y monitorizada su especial situación de vulnerabilidad a través de los datos fiscales. Para quienes sí tengan que realizar los trámites, podrán hacerlo a través de varios canales, pues la solicitud se presentará tanto a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o mediante el envío de la documentación por correo ordinario. Además, se permitirá el acceso a través de los ayuntamientos una vez se firmen los convenios previstos, así como en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social cuando retomen la atención al público.

Para facilitar información a los posibles beneficiarios, se pondrá en marcha un teléfono 900 y un simulador en la página web de la Seguridad Social, donde también se podrán consultar dudas a través del asistente virtual.