El Centro Coordinador Regional de Canarias (CCRC) de la Guardia Civil, que pilotaba el control de la inmigración irregular en las Islas desde que en 2006 se produjera la crisis de los cayucos, ha sido descabezado coincidiendo con una fase de claro repunte de las llegadas. En los primeros cinco meses de 2020 han desembarcado en el Archipiélago 2.475 personas en pateras y cayucos, lo que supone multiplicar por más de siete, un 636% más, la cifra registrada en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior.
La decisión tomada por el titular de Interior, el cuestionado Fernando Grande-Marlaska, ha sorprendido por el momento en que se produce y porque no había sido anunciada. Sin embargo, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR Canarias) se percibían algunos signos de cambio en los protocolos de actuación ante la llegada de embarcaciones. Por primera vez, en marzo pasado se decidió derivar a Tenerife una patera que ya se encontraba cerca de Gran Canaria debido a la alta ocupación de los centros de acogida en esta última isla. La medida, que volvió a adoptarse el pasado sábado en idénticas circunstancias, responde a la línea de actuación del mando de Andalucía, a cuyo titular, el general Juan Luis Pérez Martín, se le han atribuido ahora las competencias de control en las Islas, que hasta el momento ostentaba el general Juan Miguel Arribas Revuelta, jefe de la Zona de Canarias. La organización no gubernamental ve en la decisión del Ministerio una medida de carácter centralizador, aunque advierte de que será necesario esperar para valorar si su efecto será positivo o negativo. No obstante, cree que la "organización de las llegadas desde alta mar", como ocurrió el sábado, "repercute para bien", si bien persiste el problema de fondo, que reside en la escasez de plazas de acogida y en la imposibilidad, acentuada por la pandemia, de trasladar a los inmigrantes a otras regiones del país.
CEAR Canarias no discute, al menos con los datos de los que se dispone actualmente, la reorganización de los sistemas de control, pero considera más urgente reorganizar la "acogida humanitaria", que pasa por permitir los traslados a otros territorios y que los migrantes llegados al Archipiélago se distribuyan dentro del sistema nacional de acogida, indican desde la ONG. Otra alternativa es actualizar el plan de Canarias y así ampliar el volumen de plazas en la Comunidad Autónoma. Ahora mismo, la situación es de "saturación", más en Gran Canaria que en Tenerife, aunque si las derivaciones a esta isla continúan pronto se alcanzará también su tope.
Aunque advierte de que "aún es pronto para hacer una valoración más exhaustiva" sobre la medida adoptada por el Gobierno central -debido a la falta de información existente sobre su incidencia en el modelo operativo de la Guardia Civil-, el grupo parlamentario de CC-PNC admitió ayer su "sorpresa", dada la condición de "puerta hacia Europa" que tiene Canarias para miles de inmigrantes y el momento de "especial complejidad" en que se ha adoptado.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Vidina Espino, exigió a Grande-Marlaska que dote a la Guardia Civil de más recursos humanos y materiales para poder abordar el repunte de la inmigración en las Islas. Tras hacerse eco de las demandas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Espino reclamó que "las autoridades estatales visiten con más frecuencia el Archipiélago para tener un mejor conocimiento de lo que se hace en esta materia, de las carencias que hay y de las necesidades que se tienen".
Unificar esfuerzos
Con la retirada de competencias en control de la inmigración clandestina por vía marítima al general jefe de Canarias y su centralización en el ámbito del Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán -con base en Andalucía-, el Gobierno español persigue unificar esfuerzos en un único mando y obtener así mayor eficacia, equiparar los procedimientos en todas las áreas de actuación y mejorar la coordinación.
La decisión se materializa en mitad de un incremento de las llegadas a las costas del Archipiélago que se inició en 2019 y que ni siquiera la crisis del nuevo coronavirus ha frenado. La cifra de los primeros cinco meses del año, 2.475, se aproxima ya a la que se contabilizó en todo el año pasado, cuando arribaron en cayucos 2.698 personas. Entre enero y mayo de 2019 solo habían desembarcado 336 inmigrantes irregulares. Por contra, a nivel nacional las llegadas caen un 22,9%.
De acuerdo a los datos de CEAR, en la última quincena de mayo ha tenido lugar un repunte respecto a los primeros quince días del mes, con más del doble de llegadas. El quinto mes del año se convierte, de esta forma, en el que más personas llegadas por día ha registrado desde enero, casi 19. Lo ocurrido en este periodo parece marcar algunas tendencias desde que empezó el estado de alarma: aumento de la llegada de cayucos frente a las pateras y, en consonancia con ello, cada vez más ocupantes por embarcación, pero un número decreciente de mujeres.
