El Gobierno autonómico desarrollará durante este año un conjunto de planes de empleo destinados a mitigar el impacto de la epidemia de Covid-19 sobre el mercado laboral. La iniciativa, anunciada ayer por la consejera Elena Máñez, incluirá acciones específicas para el turismo (dotadas con 10 millones), otras destinadas a quienes han perdido su trabajo por la crisis de la pandemia (10 millones) y medidas para estimular el empleo en sectores vinculados a la transición ecológica (5 millones), así como la reedición del Plan de Empleo Social que ejecutan los ayuntamientos (20 millones) y un plan de emprendimiento dirigido a pequeñas empresas y autónomos.
La Consejería pretende también acometer un proceso de "modernización y agilización administrativa" en materia de empleo -robotización de la gestión y virtualización de servicios- y "mejorar la calidad y las condiciones de trabajo". En este sentido, Máñez adelantó que "por primera vez, se van a aplicar incentivos a la contratación de personas empleadas de hogar", mayoritariamente mujeres, y así "aflorar economía sumergida". En este último aspecto, la consejera anunció la puesta en marcha del Observatorio contra el Fraude, un instrumento recogido en los acuerdos del sexto proceso de concertación social.
Los 50 millones con los que se financiarán estos planes procederán del plan integral de empleo de Canarias (PIEC), dotado con 42 millones -y que todavía no se ha firmado-, mientras que el resto serán fondos propios del Servicio Canario de Empleo (SCE).
El diputado de CC, Pablo Rodriguez, insistó ayer a la consejera en que para hacer efectiva la reconstrucción social y económica es necesaria la prórroga de los ERTE. Una medida vital en las Islas "ya que el 40% del empleo está directamente vinculado al sector turístico y alcanza hasta un 60% en servicios relacionados".
