La presidenta de la Gestora de UGT en Canarias, Victoria Francisco, y el secretario general de CCOO en las islas, Inocencio González, han presentado este viernes la campaña "Vamos a salir", con la que ambos sindicatos pretenden movilizar a la ciudadanía para reivindicar una reconstrucción económica y social "justa y solidaria" tras la crisis sanitaria de la Covid-19.

En rueda de prensa, Inocencio González ha explicado que se tratará de una movilización cívica en la que se canalizará el contenido y las reivindicaciones del manifiesto, firmado por numerosas personalidades del mundo de la cultura, la universidad, el periodismo, la ciencia, el arte, la música y sociedad civil, y que responde a la defensa de lo común y de los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación.

Para evitar riesgos, las movilizaciones contarán con un cumplimiento estricto de las normas y protocolos de seguridad, y en Canarias, ambas tendrán lugar el domingo 28 de junio, a las 11:00 horas. En el caso de Tenerife, en Plaza de España y en Gran Canaria, en la Avenida de Canarias.

Victoria Francisco ha recordado que los servicios sanitarios y sociosanitarios han sido los dos pilares fundamentales para hacer frente a la pandemia, "así que no podemos seguir sufriendo más recortes, ni materiales ni personales".

La presidenta de la Gestora de UGT se ha referido, además, al complemento retributivo que el Gobierno de Canarias pretende otorgar a los profesionales sanitarios por su labor durante la pandemia, y que dejará fuera al 48 por ciento de la plantilla del Servicio Canario de la Salud (SCS), al que ha calificado de "injusto".

"Eso de que una parte esté beneficiada y la otra no, no lo vemos justo, porque todo el personal ha estado expuesto al Covid-19. Con lo cual, nosotros no vamos a estar de acuerdo con eso", ha recalcado.

A este respecto, Inocencio González ha asegurado que la mayor aportación que se le puede hacer al sector sanitario y sociosanitario español es dignificar sus "precarias" condiciones laborales.

El secretario general de CCOO ha subrayado la importancia de reducir las tasas de interinidad, y ha recordado que muchos sociosanitarios trabajan en "condiciones pésimas", sin tan siquiera cobrar "los mil euros", y en donde las patronales "se han negado a seguir avanzado en una negociación absolutamente justa", ha criticado.

Otra cuestión "importantísima" para la reconstrucción económica y social justa de España es la ampliación de los ERTES, que en su momento afectaron a más de 3.200.000 trabajadores, pero que actualmente "tendrán que seguir protegiendo a casi 1.200.000", ha abundado González.

El sindicalista ha hecho, además, un llamamiento a la "concordia", pues, a su juicio, los niveles de "crispación" que se han visto en las sedes parlamentarias y en las opiniones públicas vertidas no contribuyen ni contribuirán "en nada" a salir de la crisis.

En este sentido, Inocencio González espera que el gran pacto para la reconstrucción económica y social de España, anunciado por Pedro Sánchez, y en donde "los grandes partidos parecen estar dispuestos a ceder para alcanzar un acuerdo", no se convierta en un "espejismo", pues España necesita "un nuevo modelo social, de país, de producir, de igualdad y de cuidar", ha rematado.

Por su parte, la presidenta del Colegio oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, María Candelaria Delgado, ha recordado que aunque la curva sanitaria ya se ha aplanado, la curva social se ha incrementado notablemente, especialmente en Canarias, que ya partía, antes de la crisis sanitaria del coronavirus, con unos índices de población en riesgo de exclusión superiores al 44 por ciento.

"Eso significa que tenemos implementar medidas sociales que atajen esa curva, y todas esas medidas pasan por el refuerzo del sistema público de servicios sociales y el refuerzo de las plantillas de los trabajadores sociales en los ayuntamientos", ha afirmado.

Del mismo modo, Delgado ha hecho hincapié en la importancia de que el Ingreso Mínimo Vital llegue a toda la ciudadanía que lo necesite, incluidas las personas que están en situación irregular en Canarias, "que no van a poder tener acceso a esa prestación", ha concluido