Los dos grupos que conforman el Gobierno central, PSOE y UP, sólo dieron ayer un mínimo paso en la incorporación de medidas que ayuden al rescate económico y social de Canarias en el plan de reconstrucción estatal que se ha debatido en el Congreso, y se mantienen muy lejos de los objetivos planteados en el pacto que en este sentido se firmó el pasado 30 de mayo en el ámbito del Archipiélago. La comisión creada en la Cámara baja para tratar de lograr un consenso nacional contra la crisis derivada de la pandemia sanitaria por el coronavirus cerró ayer sus trabajos y aprobó unas conclusiones que dejan fuera la mayor parte de las reclamaciones planteadas desde las Islas, lo que provocó una reacción muy crítica por parte de los dos grupos nacionalistas isleños CC y NC.
Los cuatro documentos aprobados ayer sobre cada uno de los capítulos en que se ha estado trabajando (política europea, medidas económicas, medidas sociales, y salud pública) incorporaron a última hora de la tarde, a partir de enmiendas transaccionales, algunas propuestas de la diputada de CC, Ana Oramas, que buscaban un mayor ajuste de las demandas canarias, pero se han quedado lejos de constituir herramientas eficaces y concretas para combatir la grave situación en que la pandemia ha dejado al Archipiélago. En particular, ese desajuste entre el plan que se aprobará definitivamente en el Congreso el próximo día 22 y el Pacto Canario para la Reactivación se produce especialmente en el documento sobre medidas económicas, al que tanto Oramas como el diputado de NC, Pedro Quevedo, evitaron respaldar.
Los dos representantes nacionalistas se abstuvieron en la votación de conjunto de ese documento, y coincidieron en considerar que el mismo "no responde a las necesidades de Canarias". Oramas se abstuvo también en el documento sobre sanidad e incluso votó en contra del de políticas sociales. Quevedo, por su lado, aunque no participó en las votaciones, expresó su apoyo a los acuerdos logrados por los dos grupos mayoritarios en materia de sanidad y políticas sociales. El único documento que respaldaron ambos fue el de políticas a defender en al ámbito de la UE, cuyo grupo de trabajo coordinó el diputado canario del PP, Guillermo Mariscal, aunque finalmente su partido se desmarcó del consenso en este ámbito y se abstuvo en la votación de conjunto.
En materia económica, del documento final se quedaron fuera la mayor parte de las demandas recogidas en el pacto canario de recuperación que Oramas trasladó a través de una buena parte de las 50 enmiendas presentadas, en particular las que reclamaban la prórroga de los ERTE en Canarias hasta diciembre, la reducción del 95 % de las tasas aéreas durante un año, un plan turístico específico para el sector en las Islas, la recuperación de las políticas activas de empleo, así como la dotación del PIEC y la de todos los convenios de infraestructuras que el Estado tiene pendiente de financiar. Sí se aprobó una transaccional firmada por todos los grupos de la oposición, a partir de la propuesta de CC, en la que se autoriza a las corporaciones locales de todo el país a usar sus remanentes financieros.
"Si Bruselas y Europa hubieran tratado a España como en este momento el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está tratando a Canarias, mal le hubiera ido a este país. España ha reclamado que se tenga en cuenta la gravedad de la situación del país para el reparto de los fondos de reactivación y Europa lo ha hecho, sin embargo, el Gobierno de España dice que aquí no se habla de temas territoriales", aseguró la diputada de CC. "Este documento deja tirados una vez más a dos millones de canarios. Nos están excluyendo de la reactivación económica y no apoyaremos que se nos deje en la miseria porque haya un gobierno que no sea capaz de entender qué medidas necesita Canarias", se lamentó Oramas.
Quevedo, por su lado, insistió en que "existe un plan de reactivación económica y social en Canarias que es nuestro modelo de referencia, pero las singularidades canarias no se ven reconocidas en esta propuesta de recuperación para el conjunto del Estado". "Este documento está bien, hay trabajo detrás, pero los canarios no nos vemos reconocidos en él y habrá que hacer algo más de lo que aquí se expresa", aseguró el diputado de NC, quien reiteró en distintas ocasiones que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se comprometió en sede parlamentaria a respaldar las medidas reclamadas desde las Islas y confió por tanto en que, más allá de la letra de la propuesta aprobada ayer en el Congreso, el Ejecutivo estatal las contemple en su desarrollo.
Tampoco en los documentos sobre sanidad y medidas sociales se incluyeron los aspectos más específicos sobre Canarias. En el primero, las enmiendas de CC planteaban que, siendo Canarias la única comunidad que tiene compartidas competencias con el Estado en materia de sanidad exterior, se convocara la comisión bilateral entre ambas administraciones para el traspaso de los efectivos y llevar cabo el control de entrada de pasajeros y mercancías en condiciones de seguridad en los puertos y aeropuertos de las Islas, así como establecer condiciones específicas para la retribución de médicos y sanitarios, o que el Estado financie el 50 % de la ley de Dependencia. En materia de política social, se denegó el traspaso de los fondos para combatir la pobreza en Canarias, los 42 millones de infraestructura educativa, o que las pensiones no contributivas, mayoritarias en las Islas, vayan confluyendo hacia el salario mínimo interprofesional.
El portavoz socialista en el grupo de medidas económicas, Pedro Casares, criticó duramente lo que llamó "descalificaciones y gritos" de Oramas en esta parte del debate, pero la diputada solicitó al presidente de la comisión, Patxi López, que se suprimiera del diario de sesiones esa acusación porque, aseguró, "puedo ser firme en la defensa de mis posiciones, pero nunca grito". Su solicitud fue aceptada, pero el episodio deja constancia del enfrentamiento entre socialistas y CC.
