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Canarias presiona a Hacienda para que desbloquee el superávit de los cabildos

El Gobierno regional da por descontado que la autorización del Ministerio para poder usar los 500 millones de euros de la deuda de carreteras es cuestión de semanas

Canarias presiona a Hacienda para que desbloquee el superávit de los cabildos

El Gobierno de Canarias está intentando echar una mano a los cabildos y ayuntamientos en su negociación con el Ministerio de Hacienda para que se les permita el uso del superávit de 2019 y los remanentes de tesorería. Las conversaciones entre el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres y el gabinete de la ministra María Jesús Montero se han intensificado estos días con un doble objetivo: por un lado, exhortar a una rápida solución en el caso del superávit de las entidades locales del Archipiélago y, por otro, conseguir que se permita el uso de los 500 millones de euros que el Estado le adeuda al Archipiélago en materia de carreteras y que se computaron como superávit de la Comunidad Autónoma en el último ejercicio.

El consejero canario de Hacienda, Román Rodríguez, calcula en 1.547 millones exactos la caída que experimentarán a lo largo de este año los ingresos de la Administración pública en el Archipiélago. Es decir, no solo los del Gobierno, sino también los de los cabildos y ayuntamientos. Esa es, por tanto, la cuantía que el Ejecutivo tiene que buscar hasta debajo de las piedras si quiere mantener el nivel de gasto previsto. No en vano, la intención declarada del Ejecutivo es superar el año uno del coronavirus sin que ni un solo euro se pierda y, además, sin subir impuestos, lo que dificulta muchísimo el reto. El propio Rodríguez insistió desde un principio en que para ello hay dos vías no necesariamente excluyentes: las "compensaciones" y el binomio superávit más endeudamiento. En el capítulo de las compensaciones, la Hacienda regional cuenta con que recibirá en torno a 200 millones de euros del fondo estatal no reembolsable de 16.000 millones. Este fondo tiene una bolsa específica para compensar la merma en la recaudación por los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas (transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o sucesiones y donaciones, por ejemplo), que en el caso del Archipiélago asciende a esos 200 millones de euros. El problema está, por tanto, en los más de 1.300 millones restantes.

Esa es la cantidad, siempre según los cálculos de la Consejería de Hacienda, que se perderá por la histórica caída de la recaudación de los tributos del Bloque de Financiación Canario, el también llamado Bloque del REF, y de los impuestos propios. Esta es la principal fuente de ingresos públicos de la Comunidad Autónoma, la que componen el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), el Impuesto sobre Matriculación y, fundamentalmente, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que solo en 2019 les reportó a las arcas autonómicas cerca de 1.600 millones de euros. Así pues, para darse cuenta del escenario al que se enfrenta la región basta con apuntar que el parón de la economía y el cero turístico se llevarán por delante un montante equivalente (los susodichos 1.300 millones) a la recaudación anual en concepto de IGIC.

En principio, el Gobierno de Canarias cuenta con garantías del Ministerio de Hacienda para usar los 389 millones del superávit del pasado ejercicio. No obstante, el permiso debe aún materializarse y, en todo caso, queda un gran trecho de mil millones por buscar, y eso al margen de lo que pueda venir por delante, ni que decir en el caso de un indeseable rebrote de la pandemia. En esos mil millones de euros están los 593 millones correspondientes a los cabildos y ayuntamientos, que son los receptores de un 58% de la recaudación anual por los impuestos del Bloque de Financiación Canario (la Comunidad Autónoma se queda con el 42% restante). Fueron las propias entidades locales las que prefirieron mantener negociaciones bilaterales con la ministra Montero para convencerla de la necesidad de que se desbloqueen los miles de millones de euros que tienen ociosos en los bancos, o al menos 593 millones de ese total, lo justo para compensar la pérdida recaudatoria prevista este año.

El superávit es la diferencia entre los ingresos y los gastos a 31 de diciembre de cada año cuando aquellos son mayores que estos, un dinero que los cabildos y ayuntamientos no han podido usar desde 2012 para cualquier otra cosa que no sea pagar deuda. Una rémora impuesta por Bruselas en lo más duro de la anterior crisis y que las instituciones arrastran desde entonces. Y ¿qué ha ocurrido con ese dinero? El superávit, cuando no puede usarse, se queda ocioso en las cuentas bancarias de las entidades locales, una bolsa, los llamados remanentes de tesorería (el remanente no es más que superávit acumulado), que en el caso de la Administración local de Canarias suma en torno a 4.000 millones de euros. "Estamos presionando desde el Gobierno y el contacto con el gabinete de la ministra es permanente", aseguraron ayer fuentes de la Presidencia, donde intentan así que el permiso para usar el superávit con que ya cuenta la Comunidad Autónoma se haga así extensible a la Administración local.

El otro frente de batalla es el de los 500 millones que el Gobierno del PP recortó unilateralmente del convenio de carretas entre Canarias y el Estado allá en 2012, en lo peor de la anterior crisis económica. En el Ejecutivo regional están convencidos de que el plácet para disponer de este dinero (el primer pago de los más de 900 millones que la Justicia obligó al Estado a compensar a Canarias y que se computó el año pasado como superávit) es cuestión de semanas, lo que aliviaría la situación.

El otro factor es el del endeudamiento, del que hay que distinguir el corto del largo plazo. Román Rodríguez ya avisó que Hacienda tiene la posibilidad de recurrir al endeudamiento a corto plazo gracias a una póliza de 1.700 millones de euros, lo que permitiría pagar las nóminas y sostener el gasto aun cuando la liquidez fuera mínima. Esta deuda a corto plazo no computaría como déficit al cierre de ejercicio. Y la otra vía es la del endeudamiento a largo plazo, que depende de que el Estado dé margen para ello a las autonomías.

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