Empresarios con intereses económicos en el sur de Tenerife denuncian ser víctimas de una presunta red de extorsión relacionada con el urbanismo vinculada al abogado Felipe Campos y a Nicolás Jorge, cargo público socialista investigado por prevaricación y malversación de caudales públicos y asesor del alcalde de Arona, José Julián Mena (PSOE). El testimonio de estos inversores, trasladado a la Fiscalía, señala a Campos y sus contactos "privilegiados" a través de Nicolás Jorge en el Ayuntamiento.
El abogado, conocido por su polémica batalla contra el fuera de ordenación y los carnavales de Santa Cruz, que trató de parar por la contaminación acústica, ofrece a propietarios de suelo, inversores y empresarios asesoramiento y mediación para resolver proyectos y recalificaciones en el nuevo Plan General en tramitación en Arona. Entre las anómalas prácticas denunciadas está la amenaza de presentar un aluvión de reparos y demandas contra los proyectos urbanísticos de quienes se niegan a contratar sus servicios. "O pagas o te someten a un calvario judicial y administrativo que paraliza las inversiones", revelan estos empresarios, entre ellos Diego Cano, en representación de Melisofli SL, y Roman Ivakneko, de Kripo Solutions.
A estos inversores y propietarios del suelo en Arona les sorprende que Felipe Campos acuda a reuniones y citas en las que ofrece su mediación urbanística acompañado de la hermana del alcalde de Arona, Jenny Mena, dando a entender que trabaja en su bufete. Estos empresarios dan por hecho que la hermana del alcalde está trabajando para Felipe Campos y aseguran tener acreditada su participación en al menos tres encuentros. Contactado ayer por este periódico, Campos no quiso hacer ninguna declaración al respecto ni sobre las denuncias de los inversores. Nicolás Jorge, por su parte, niega estar detrás "de una suerte de industria extractiva de comisiones y mordidas" asociada al urbanismo municipal de Arona.
La Fiscalía ya tiene conocimiento de estas presuntas prácticas. Se las trasladó el que fuera concejal de Urbanismo de Arona hasta el pasado 22 de junio, cuando fue destituido por el alcalde tras cinco años en el cargo. Luis García acudió el pasado miércoles a los juzgados de Arona a declarar como testigo y denunciante ante una fiscal de la Audiencia Provincial acompañado de dos concejales que se mantienen en el gobierno municipal y también conocedores de estas actividades: los también socialistas José Luis Gómez, responsable de Servicios Públicos y Vivienda, y Juan Sebastián Roque, a cargo de Educación, Cultura, Deportes y Juventud.
Luis García aportó numerosa documentación y grabaciones, una de casi una hora. En este audio se oye a Felipe Campos ofrecer su mediación, acompañado de la hermana del alcalde, a propietarios de una veintena de fincas del municipio aronero. Su tarifa: 50.000 euros por cada propietario del suelo, un millón de euros en total, y el 5% del valor de la superficie edificable si finalmente el convenio sale adelante. Campos se ofrece a hacer gestiones para que esa unidad de actuación, cuya superficie supera los 250.000 metros cuadrados, deje de ser rústica para pasar a uso residencial en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) que el Ayuntamiento quiere tener listo al final de este mandato. La recalificación permitiría urbanizar los terrenos y dispararía el valor de las fincas, al pasar de rústicas a edificables.
Pero existen más audios de conversaciones de Felipe Campos. En uno de ellos, el abogado admite que presenta recursos contra todos los proyectos urbanísticos de Arona que no son de clientes suyos. Así se lo asegura a un inversor extranjero cuyo proyecto está paralizado por sus alegaciones. El empresario le ofrece dinero a cambio de que las retire y poder seguir adelante con el proyecto.
Oferta de recalificación
En su denuncia, Luis García pide a la Fiscalía que investigue la relación de Felipe Campos con Nicolás Jorge, asesor del alcalde de Arona, pues cree que los dos son cómplices. Los responsabiliza de entrometerse en el área de Urbanismo, controlado por García hasta su destitución. En el referido audio de una hora en manos del Ministerio Público, Campos culpa a García de haber declarado rústicos los terrenos, lo critica por esa decisión, señala que el concejal actúa al margen del gobierno municipal y precisa que no es el edil ni los redactores del PGO los que deciden la calificación final del suelo en el Plan General, sino el pleno y el Ayuntamiento. Está acreditado que Felipe Campos y Nicolás Jorge han tenido una relación profesional: Campos figura como abogado de Jorge en un procedimiento de 2018 que se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 3 de Granadilla de Abona.
Uno de los empresarios que asegura ser víctima de esta trama es Diego Cano, promotor del centro comercial de la avenida marítima de Los Cristianos que fue precintado por el Ayuntamiento poco después de su inauguración, en el verano de 2017, por unas presuntas irregularidades que niega. "Hay un hostigamiento para intoxicar y asfixiar el área municipal de Urbanismo y obtener beneficios. Es un aluvión de denuncias, reiterativas, que asfixia el departamento y paraliza a los técnicos. Hay pánico a que llegue una denuncia más de Felipe Campos. Es algo de sobra conocido", narra Cano, responsable de Melisofi Consulting SL, promotora del mencionado centro comercial, Artslife & Shopping.
Una cuestión que le parece "muy grave" a Diego Cano es que se puedan estar facilitando datos de expedientes a este abogado "en una fase en la que nadie, salvo los propios encargados del expediente, puede tener acceso a la documentación", que es privada y cuya confidencialidad está protegida por ley. "Felipe Campos me presentó 14 denuncias contra el proyecto del Arts. Y también me denunció ante Patrimonio del Cabildo por la destrucción de unas supuestas salinas y restos guanches. Me denuncia asimismo porque asegura que he dañado plantas protegidas", detalla para rematar.
Tanto Cano como otros inversores que se consideran afectados por esta presunta red aseguran que no solo coaccionaría a los empresarios, sino también al personal municipal, especialmente en Arona pero también en Adeje, con escritos, alegaciones, amenazas de denuncias y denuncias propiamente dichas. Con ello mediatizarían el trabajo de los técnicos municipales. Algunos funcionarios de este departamento se quejaron, de hecho, al exconcejal del área de Urbanismo de Arona. Y así se lo trasladó a la Fiscalía. García comunicó que personal de Urbanismo se sentía presionado para modificar expedientes o agilizar o paralizar proyectos.
