Canarias ha contado en los dos últimos años con los mejores presupuestos estatales teóricos al menos desde antes de la crisis económica de 2010, pero la realidad de las cifras pone en entredicho la 'versión oficial'. Cuando la Comunidad Autónoma se mete de lleno en la reconstrucción económica con la que superar la crisis derivada de la pandemia sanitaria, y se atisba en el horizonte la negociación para una nueva ley de Presupuestos Generales del Estado, los correspondientes a 2021, un informe oficial detecta los graves desajustes entre la inversión prevista en las cuentas públicas oficiales, y la que realmente se concreta en gasto.
Al ya demostrado, durante años, incumplimiento del REF en materia de inversión pública del Estado en las Islas, que debería ser como mínimo equiparable a la media del conjunto del país, se añade de esta forma un descuadre real en las inversiones de los ministerios y de los organismos públicos estatales en el Archipiélago. Según un reciente informe de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el gasto estatal en Canarias durante el año pasado sólo se ajustó un 51 % al realmente previsto en las cuentas públicas del ejercicio. Es decir, que las diferentes entidades de la administración central desembolsaron en Canarias poco más de cinco de cada 10 euros que se aprobaron en los Presupuestos en vigor en ese ejercicio, en realidad los de 2018 aunque prorrogados durante 2019, y todavía activos en este momento.
Así, de los 281,54 millones de inversión real territorializada, la que se incluye en el capítulo VI de las cuentas públicas, prevista en el ejercicio de 2019, sólo se llegaron a gastar 143,31 millones, un desajuste que ya había tenido un prólogo de similares características en la ejecución presupuestaria del año anterior, la correspondiente a 2018, cuando la inversión real fue de 161 millones, es decir, 113 menos y sólo el 57 % de lo aprobado en el Congreso durante la tramitación del proyecto presupuestario.
La imputación del desajuste entre la inversión prevista y la efectuada en Canarias durante los dos últimos años cabe hacerla fundamentalmente al Gobierno de Pedro Sánchez surgido de la moción de censura de junio de 2018, ya que ha sido el responsable de gestionar tanto el Presupuesto de ese año, elaborado por natriael anterior Ejecutivo del PP liderado por Mariano Rajoy, pero aprobado definitivamente después del relevo político, como el prorrogado durante el 2019 .
De hecho, esta baja ejecución presupuestaria en Canarias (y en la práctica totalidad de las comunidades autónomas) es una constante durante los últimos años, y se refiere en este caso a los organismos estatales, no a los fondos transferidos por los distintos ministerios a la Comunidad Autónoma y que conforman la dotación de los diferentes convenios de infraestructuras entre ambas administraciones. Estas transferencias, que se computan en el capítulo VII de los Presupuestos Generales del Estado, constituyen, de facto, la gran parte de la aportación presupuestaria estatal a Canarias, más de 480 millones en cada uno de los ejercicios mencionados. Entre ellos destacan en las cuentas estatales de los tres últimos años los convenios de carreteras (307,9 millones), obras hidráulicas (50), infraestructuras educativas (42), vivienda (30), rehabilitación turística (17), ayudas agrícolas (15), o proyectos ferroviarios (10), entre otros. Muchos de estos fondos, sin embargo, están también sin transferir o incluso pendientes de formalizar la actualización o renovación del convenio correspondiente.
El informe de la IGAE sobre la ejecución presupuestaria del 2019 indica que la inversión real directa por parte de los distintos ministerios en Canarias fue de 15,56 millones, siendo los de Agricultura, Pesca y Alimentación (5,3 millones), Interior (5,07) y Defensa (2,28) los de mayores cifras. El apartado referido a Organismos Autónomos dependientes de la Administración General del Estado refleja una inversión real de 7,57 millones, mientras que el del Sector Público Administrativo suma un total de 4,26 millones, de ellos 3,2 millones destinados al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
Puertos y aeropuertos
Pero es en el último de los apartados del Presupuesto relativo a inversión directa del Estado en Canarias el que se más directamente refleja el desajuste entre las cifras pintadas en las cuentas aprobadas en el Congreso y publicadas en el BOE, y lo que finalmente se llega a gastar. Es el que se refiere a las entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional en el que se integran los grandes organismos inversores del Estado como son los casos de Enaire, que gestiona los aeropuertos, y Puertos del Estado, responsable de las infraestructuras portuarias.
En ese apartado, el informe señala que la ejecución presupuestaria en las Islas fue de 115,92 millones, de ellos 76,34 millones correspondientes a Enaire (66 % de lo presupuestado), y 32,85 a Puertos del Estado (26,8 %), así como 4,35 a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y 1,67 a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penintenciarios. Esta cantidad del sector público empresarial supone una reducción anual de la inversión real en este apartado de 15, 8 millones, ya que en la ejecución presupuestaria en el 2018 fue de 131,69 millones.
Pero el desajuste respecto a las previsiones presupuestarias en este apartado es significativa en ambos ejercicios ya que las cuentas estatales que se toman como referencia, las de 2018, contemplaban una inversión de 253,64 millones. De esa cantidad, 122,20 correspondían a inversiones en los puertos canarios de interés general, y 114,61 a actuaciones en los ocho aeropuertos de las Islas. Sin embargo, en 2018 sólo se ejecutó el 71 % (82 millones) del gasto previsto en los aeródromos, y el 36,3 % (44,34 millones) del contemplado en los puertos.
Estos datos se suman al hecho de que Canarias cerrará el 2019 también como la comunidad autónoma que menos inversiones propias ejecutó. El Gobierno regional apenas consiguió movilizar un 40% del dinero presupuestado para obra pública. Un bajo nivel de ejecución que no solo deja a las Islas a la cola del país, sino que es también el peor dato de toda la década. Los datos suministrados por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, organismo vinculado al Ministerio de Hacienda, muestran que el presupuesto regional para inversiones reales ascendió el año pasado a 597,3 millones de euros, de los que finalmente se movilizaron poco menos de 240,8 millones, que es la cuantía de las obligaciones reconocidas netas, que no son otra cosa que las obligaciones de pago efectivamente generadas en 2019. El nivel de ejecución de la obra pública ya había sido bajo en 2018, aún con CC en el Gobierno (50,2%), pero, por el contrario, años como 2014 (90,15) o 2013 (88,27) resultaron especialmente buenos para la inversión pública en las Islas.
