No todos los que soliciten el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en las Islas tendrán derecho a recibir esta prestación que acaba de poner en marcha el Estado. De hecho, se calcula que solo algo más de la mitad de las familias canarias que reciben la prestación canaria de inserción (PCI) -8.200 en la actualidad- encajan en los requisitos de la paga estatal, que son más restrictivos que los de la ayuda que ofrece la Comunidad Autónoma, por lo que hay un porcentaje bastante elevado de solicitudes que a priori se quedan fuera. En Canarias ya se han registrado más de 35.000 peticiones para el ingreso mínimo. Familias monoparentales y solteros en paro o con rentas bajas son los principales perfiles que demandan el IMV.
A nivel nacional, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, elevó a 510.000 las solicitudes que se han presentado en todo el país en tres semanas y calculó que una cantidad importante de ellas se pueden quedar fuera por no cumplir precisamente los requisitos. El IMV no recoge, por ejemplo, la situación sobrevenida provocada por la crisis del coronavirus ya que los ingresos que se computan son los referidos a 31 de diciembre de 2019. Asimismo hay tipologías de familias o situaciones que no contempla el ingreso mínimo como es el caso de los menores de 23 años, mayores de 65 años o unidades familiares donde convivan la madre con un menor a cargo con los padres de ésta .
Según las estimaciones iniciales, el Ingreso Mínimo Vital prevé llegar a unas 50.000 unidades de convivencia en Canarias, lo que beneficiaría a 125.000 personas, de las que 30.500 son niños. A esa cantidad habría que añadir a las familias y personas que se pueden beneficiar de la futura renta canaria de ciudadanía porque se queden fuera del IMV y se encuentren en situación de vulnerabilidad.
La aprobación y puesta en marcha del ingreso mínimo -que ya empezaron a cobrar de oficio poco más de 3.000 familias con menores a cargo- ha supuesto echar por tierra los planes que tenía el Gobierno canario relativos a la renta canaria de ciudadanía. Además de estar incluida como un derecho en la reforma del Estatuto, la renta que iba a sustituir a la PCI era uno de los grandes objetivos políticos del cuatripartito pero la crisis de Covid-19 y la aprobación apresurada por parte del Estado del IMV ha obligado a redefinir la renta de ciudadanía de la Comunidad Autónoma, que ahora se convertirá en una prestación complementaria de la paga estatal.
"El ingreso mínimo impacta sobre los beneficiarios que teníamos en mente para la renta de ciudadanía", explica la viceconsejera de Derechos Sociales del Ejecutivo regional, Gemma Martínez. Esta situación provoca que se haya tenido que "rediseñar" toda la estrategia de la nueva prestación que quería poner en marcha el pacto cuatripartito. "Hacer un doble pago es absurdo, por lo que estamos esperando a que el Estado apruebe el reglamento de desarrollo de la ley que regula el ingreso mínimo para comprobar cuáles son los complementos que sufragará esta prestación", añade Martínez.
Plazos ajustados
El objetivo del Gobierno regional de aprobar la ley de la renta canaria de ciudadanía en diciembre o a principios de 2021 se mantiene, aunque ahora los plazos están muy ajustados a la espera de las concreciones del Estado porque el Ejecutivo tendrá que presentar el proyecto de ley en el Parlamento loscomo muy tarde en octubre para que pueda estar aprobado en los plazos inicialmente previstos. Según la viceconsejera, la idea es llegar a los colectivos que no tienen cabida en el IMV como es el caso de los menores de 23 años y mayores de 65 años, además de completar aquello que no contemple la paga estatal caso del alquiler o la renta del trabajo.
Gemma Martínez cree que el IMV es una buena medida porque las cantidades superan las de la prestación canaria y su alcance es amplio pero, sin embargo, limita mucho que se tengan en cuenta los ingresos al cierre de 2019 cuando hay familias cuya situación económica ha cambiado a peor por la crisis del coronavirus.
Las incógnitas derivadas de la aprobación del IMV no se limitan solo a estar pendientes del reglamento, del protocolo para el intercambio de información o de los convenios con los ayuntamientos, sino también del presupuesto con el que finalmente contará la renta canaria de ciudadanía en las cuentas autonómicas de 2021, afectadas ahora por el golpe financiero que ha supuesto el Covid-19 tanto en ingresos como en gastos.
La Consejería de Derechos Sociales parte de los 25 millones de euros con los que cuenta este año la PCI para cubrir a 8.200 familias -15.390 personas- pero ahora se está pendiente también de que el Ministerio cuantifique el IMV en Canarias porque no solo se trata de complementar la prestación estatal, sino también de dar cobertura a personas, familias o unidades de convivencia que no puedan acceder al ingreso mínimo. En cualquier caso, la viceconsejera advierte que los fondos destinados a aquellas familias que tienen la PCI y que ahora absorba el ingreso mínimo son un gasto que se tendrá que reorientar hacia la renta canaria cuando se apruebe.
La irrupción del IMV también ha modificado en parte el perfil de los solicitantes de una prestación por su situación de pobreza y vulnerabilidad. Hasta ahora predominaban las familias monomarentales, es decir, mujer con uno o dos hijos a cargo. Ahora también se han incrementado las peticiones unipersonales, es decir, personas solas que están en paro o con unos ingresos por renta del trabajo que no cubren ni siquiera el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que se ha dado en llamar trabajadores pobres. Además del paro o el empleo precario, uno de los problemas a los que se enfrentan los beneficiarios son los elevados alquileres.
