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ANÁLISIS

El último en salir que apague la luz...

Decadencia, mentiras y deserciones en Ciudadanos Canarias - Cs es hoy un partido arrasado por las conspiraciones internas y las fugas

El último en salir que apague la luz...

La publicación del contrato suscrito entre Matilde Zambudio y Ciudadanos, en el que el partido se compromete a revocar la expulsión de la que fuera su candidata a la alcaldía en las pasadas elecciones, ha servido para confirmar que la concejala reconoce haber desobedecido las instrucciones recibidas, algo que negó públicamente desde el primer momento. Se trata sin duda, este contrato, de un curioso documento, inusual en los usos partidarios, donde los acuerdos entre afiliados y dirección no se suscriben en presencia de abogados. Este fue firmado por Zambudio y la socialista Sandra Rodríguez Vázquez letrada del Ayuntamiento de Santa Cruz en varios pleitos y abogada de Santiago Pérez.

La importancia del contrato no radica en el reconocimiento de la propia Zambudio de que ha mentido a todos durante un año. Es verdad que Zambudio ha engañado a su partido, a sus votantes, a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife, a los medios, a su colega Juan Ramón Lazcano -al que aseguró que votar con el PSOE era cumplir con las instrucciones de Ciudadanos- e incluso es probable que hasta a la propia alcaldesa Patricia Hernández, que durante todo este año reiteró que su pacto era con Ciudadanos y que contaba con el visto bueno del partido liberal. Con el reconocimiento de Zambudio de haber mentido, una de dos: o la alcaldesa también participó en el engaño, o se sentirá estafada.

La mentira de Zambudio demuestra que esta señora no es de fiar: ha aplicado en política los mismos mecanismos que algunos abogados utilizan en los juicios. Tras su reconocimiento, se confirman las informaciones previas a las elecciones que advertían que en su entorno, con la colaboración entusiasta de Juan Amigó y otros dirigentes del partido, se preparaba una operación para hacerse con el control del urbanismo municipal. Una operación inicialmente frustrada porque Amigó no consiguió convencer a Madrid para retirar de la lista a Juan Ramón Lazcano para colocar al candidato que él quería, pero que concluye con la salida de Lazcano del Ayuntamiento, después de meses de acoso y ninguneo para que renunciara a su acta -como al final hizo- y el urbanismo pasara a ser controlado por la concejal Zambudio.

Falsedades y dobleces

Evidenciar la falsedad y doblez de un discurso mantenido contra viento y marea, en declaraciones públicas, con rasgamiento de vestiduras y la acusación a los miembros del Comité regional de pactos -Teresa Berástegui, Vidina Espino y José Guerra- de haber mentido -a ella y al partido- y con denuncias ante los tribunales, es para algunos lo más interesante del contrato. Sirve para demostrar quién es y cómo se las gasta la abogada que le dio la alcaldía a Patricia Hernández en junio de 2019. Pero también tiene su morbo que el contrato revele la forma de funcionar de Ciudadanos, negociando al margen de los tribunales readmitir a uno de sus expulsados, para adaptarse al nuevo discurso de acercamiento al PSOE. Porque en esta historia no sólo ha mentido Zambudio, también lo ha hecho su partido.

Zambudio fue expedientada el 17 de junio del año pasado, tras votar lo que ella quiso, en contra de las instrucciones recibidas. El 5 de agosto, la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos decidió su expulsión. Y el 2 de septiembre, la concejal recurrió ante los tribunales, alegando que ella había cumplido estrictamente lo que el partido le pidió. Reitero esa posición en todas las declaraciones realizadas desde entonces, acusando a su partido y a los negociadores de falsear lo ocurrido durante las negociaciones, y amenazando con interponer todo tipo de denuncias a quienes discutieran su versión de los hechos. De hecho, presentó -además de la denuncia contra su partido- otra contra Vidina Espino, que aún mantiene.

El círculo de Cuadrado

Durante las negociaciones de finales de junio para frustrar la presentación de la moción de censura contra Patricia Hernández, que Ciudadanos garantizó que evitaría, el número dos del partido, Carlos Cuadrado desarrolló una estrategia basada en reincorporar a Zambudio, al tiempo que amenazaba a la nueva concejal, Evelyn Alonso, con expulsarla del partido si no actuaba de acuerdo con las órdenes de la dirección renovada, surgida tras la renuncia de Albert Rivera. El caso es que Cuadrado realizó varias declaraciones exculpatorias de Zambudio, en las que dijo que las instrucciones que había recibido por el partido habían sido confusas y por eso mal interpretadas. Cuadrado exculpaba a su concejal expulsada, mientras los abogados del partido y Sandra Rodríguez negociaban el reconocimiento de haber actuado en junio de 2019 al margen de las instrucciones recibidas.

Cuadrado ha explicado su oposición a la censura en Santa Cruz alegando inicialmente que su partido se opone a desestabilizar municipios durante la pandemia. Pero eso no se sostenía: Ciudadanos ha presentado mociones de censura durante la pandemia en Cartaya (Huelva), contra el PSOE; en Huercal-Overa (Granada) contra el PSOE; en Massalfassar (Valencia) contra Compromís; en La Guardia (Jaen), contra el PSOE; en El Tiemblo (Avila), contra un partido local; en Guardo (Palencia) contra el PSOE? Cuadrado cambió entonces el discurso y planteó su oposición a que los otros partidos se apoyaran en una tránsfuga -Evelyn Afonso- a la que aún a día de hoy no han podido comunicar oficialmente la posición de Ciudadanos, y a pesar de eso ya ha sido expulsada y enviada en un pleno convocado de urgencia al grupo de no adscritos. Cuadrado intentó convencer al PP para que no apoyara la censura y convocó incluso el pacto antitransfuguismo. Solo acudió el PSOE. El PP alegó estar muy ocupado por la campaña electoral en el País Vasco y Galicia, y dijo -con evidente cinismo- que acudiría a la reunión a partir de la próxima semana, cuando ya la censura esté votada. Ciudadanos y PSOE se reunieron para apoyar el mismo documento antitransfuguismo que ambos partidos se negaron a apoyar hace un año, cuando la oposición municipal lo solicitó en el pleno de Santa Cruz de Tenerife.

La última de Cuadrado ha sido identificar transfuguismo y corrupción. Lo dijo casi al mismo tiempo que su partido firmaba un acuerdo extrajudicial de readmisión de una concejal -Matilde Zambudio- calificada hace un año como tránsfuga en declaraciones a todos los medios de Canarias, nada menos que por Fran Hervías, el predecesor de Cuadrado en el cargo?.

El sistema de la cooptación

Es cierto que Canarias está bastante lejos de los centros de decisión de la metrópoli, pero el centralismo de Ciudadanos es -probablemente- el más sangrante en lo que se refiere a su funcionamiento y democracia interna. Los dirigentes políticos de ciudadanos en Canarias no los eligen los afiliados -como se hace en el resto de los partidos- sino que los nombra directamente la dirección nacional. Ciudadanos funciona en Canarias -y en el resto de las regiones españolas- con alma de empresa franquiciada, en la que no es que los afiliados no decidan (el famoso déficit democrático que afecta a casi todos los partidos), sino que no siquiera eligen a quien les lideran.

Juan Amigó, secretario de organización regional del partido durante años, nunca fue votado por nadie. Lo nombraban desde Madrid, sin consultar a nadie. ¿Y quién propone los nombres que deben ir en las listas electorales? El equipo que coloca la dirección nacional. ¿Y quien participa en los Congresos que eligen a la dirección nacional? En una clara mayoría, los delegados natos (parte de los cargos públicos elegidos por quien ha decidido Madrid, y los miembros de la dirección regional) y luego algunos elegidos por las direcciones locales. Es cierto que Ciudadanos tiene un sistema de primarias. Pero solo afecta a una parte muy pequeña de los cargos públicos a elegir. Los otros los nombra directamente quien pone Madrid. Y nadie se presenta a unas primarias con posibilidades si no cuenta con el apoyo de Madrid o de la dirección local puesta por Madrid, que es lo mismo. Ciudadanos sólo celebra congresos nacionales, y solo hace primarias en algunas circunscripciones, únicamente a los cabeza de lista. En esas primarias, no participa nunca ni la tercera parte de la militancia.

Y en Canarias, Ciudadanos solo celebró primarias para los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, y para el Parlamento regional. El resto de las candidaturas -desde el primero al último de la lista, incluyendo a la candidata Zambudio y a todos los que iban en su plancha- los puso directamente Juan Amigó, el secretario de organización que nombro la dirección de Ciudadanos en Madrid. ¿Puede alguien cambiar esas listas? Sí, claro: Madrid puede cambiar la lista de Ciudadanos que hace de arriba abajo el que pone Madrid. Democracia interna, se llama la figura.

Así, las candidaturas se confeccionan por dos vías: los que tienen que ganar las primarias los decide Madrid, que a veces pone a personas populares, a las que exige afiliarse unos meses antes de pasar las primarias. El resto -la mayoría- suelen ser amigos y conocidos del que los nombra.

Si resultan elegidos, muchos afiliados acaban purgados por conflictos internos o partidarios, porque en Ciudadanos la tónica es que el partido sólo interviene para dar instrucciones cuando se trata de asuntos que afectan a la política nacional o los acuerdos nacionales con otros partidos, como ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife, donde hace un año, la instrucción era votarse a sí mismos o a un improbable acuerdo PP-PSOE, y ahora la instrucción es mantener la estabilidad en la alcaldía. Y si no salen en las elecciones, muchos afiliados abandonan el partido.

Del goteo a la desbandada

La lista de afiliados que ha abandonado Ciudadanos desde las últimas elecciones es inagotable. Matilde Zambudio, por ejemplo, se ha quedado sola. Tras la renuncia de Lazcano y la expulsión de Alonso, ya no queda nadie de su plancha. Nadie. De los antiguos, se fueron todos los que no consiguieron colocarse, empezando por Mariano Cejas y su pequeña corte familiar y de amigos de Amigó, pero también un montón de afiliados antiguos, como Reyes Dorta, Roberto Elices Palomar, Antonio Blanco, Enrique Rosales? todos ellos concejales o vinculados al grupo municipal en el período anterior. O Sergio Berjón, secretario de Acción Institucional de Santa Cruz, que abandonó cuando se readmitió a Arriaga, que había sido expulsada junto a Conchi Rivero por no respetar las instrucciones del partido en el Cabildo. O Teresa Berástegui, que abandonó el partido tras ser fichada por Casimiro Curbelo como viceconsejera de Turismo. Pero no es solo un problema de Tenerife: en Las Palmas han abandonado el partido Beatriz Correa, candidata a la Alcaldía, y Javier Amador, concejal electo. Además del diputado al Congreso Saúl Ramírez, que abandonó el partido tras la elección de Inés Arrimadas, o la secretaria de organización de Gran Canaria, Guayarmina Méndez, otra que se fue.

En Lanzarote se fueron los concejales Víctor Duque, Francisco Ramón de La Cruz, y Delia Hernández, y el consejero Benjamín Perdomo. Y en Fuerteventura los dos concejales de Puerto del Rosario que rompieron la disciplina de voto y votaron con Podemos. En La Palma, Nieves Díaz, candidata al Parlamento y miembro del comité autonómico. Han dimitido todos los miembros de la gestora montada por Madrid tras el cese de Juan Amigó como secretario de Organización: Santiago Santana y Marcos Cohen abandonaron al mismo tiempo gestora y partido, y José Guerra la gestora, aunque sigue como concejal.

Ciudadanos es hoy un partido arrasado por las conspiraciones internas y las fugas, en el que se anuncian más bajas y deserciones en los próximos meses. Ya solo aguantan Melissa Rodríguez, exiliada en la Corte como portavoz, pero interviniendo sólo para anunciar expulsiones y castigos. Se pegó a Arrimadas cuando Rivera se fue, e intenta sobrevivir a la sombra de la nueva jefa, pero no cuenta con el apoyo del resto de la dirección. En Canarias,

Arriaga mantiene el tipo por su poder vicario en el Cabildo, donde ejerce de presidente bis, y resisten aún la periodista Vidina Espino, fuera de todo lo que no sea la cosa parlamentaria, y Ricardo Fernández, que va por el Parlamento a cobrar sueldo y dietas sin crearse problemas. ¿Seguirán mucho por allí? Hay rumores para todos los gustos. El último en salir, que apague la luz.

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