El administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Francisco Moreno, ya tiene el visto bueno del Parlamento para ampliar el ámbito de sus funciones ordinarias, que ahora incluyen también contratar el transporte de la señal y usar equipos, dispositivos e instalaciones para la producción de programas. La Cámara convalidó ayer el decreto ley del Gobierno que atribuye estas competencias al administrador, quien, no obstante, las ejercerá de forma temporal, puesto que en los próximos cuatro meses debe convocar un concurso para adjudicar el transporte de la señal del ente.
La situación de la dirección de RTVC es "anómala" y "peculiar", admitió el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, quien defendió la iniciativa ante el Pleno. La incapacidad del Parlamento de elegir la junta de control del ente y aprobar su mandato marco obligó en 2018 a nombrar un administrador único -José Carlos Naranjo, después reemplazado por Moreno-, quien ha desarrollado funciones que excedían de su ámbito competencial, tal y como ha determinado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma. La solución adoptada por el Gobierno -y ahora refrendada por la mayoría de los diputados, salvo las dos abstenciones de Ciudadanos- ha sido extender ese ámbito de funciones ordinarias, si bien con un límite temporal.
El amplio apoyo al real decreto gubernamental ha respondido a la necesidad de que RTVC siga funcionando y no vaya "a negro". El Consejo Consultivo de Canarias ha refrendado el texto normativo, aunque con un voto particular que pone en cuestión el procedimiento escogido para abordar esta solución.
El debate parlamentario sirvió para que los diputados practicaran un ejercicio de crítica y también de autocrítica al no haber sido capaces de acordar el órgano de dirección de la televisión y la radio autonómicas. "No hemos hecho la tarea", reconoció Francisco Déniz, de Sí Podemos. El diputado llamó a la Cámara a salir del "bloqueo" y a nombrar la junta de control "en el plazo de un año", el periodo durante el que se extenderán, como máximo, las nuevas atribuciones otorgadas a Moreno. Jesús Ramos, de ASG, calificó de "Imprescindible para la continuidad de la emisión de los servicios informativos". "Es nuestra responsabilidad y no la del Gobierno, que está supliendo nuestra inacción", afirmó Luis Campos, de NC, en relación al retraso en elegir el órgano de control.
La diputada del PP Luz Reverón, aunque votó a favor de la convalidación del decreto ley, negó -apoyándose en el dictamen del Consultivo- que la tele canaria pudiera ir a negro si no se amplían las funciones del administrador único. Lo contrario opinó Yolanda Mendoza, del PSOE, que alertó de que no tramitar como ley la norma "supondría el cese de la prestación de los servicios informativos". La convalidación, agregó, "dará estabilidad al servicio y sus trabajadores". Desde las filas de CC-PNC, José Alberto Díaz Estébanez recordó que en la pasada legislatura se elaboró un texto para el mandato marco, que se aprobó en comisión, "se guardó en un cajón y nunca más se supo".
Ciudadanos argumentó su discrepancia en las tesis del Consultivo que dudan de que concurra la "extraordinaria y urgente necesidad" que justifique la vía del decreto ley. Vidina Espino reclamó "mecanismos de control" y que la dirección de RTVC salga de la provisionalidad.
