El Ejecutivo regional confía en el aval de Bruselas para el uso del superávit local

El Gobierno de Canarias insiste en que es Bruselas quien tiene que dar luz verde al uso del superávit de cabildos y ayuntamientos, un escollo jerárquico que el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, confía en que se supere este fin de semana, cuando se reúne el Consejo de la Unión Europea (UE) para abordar la respuesta económica y social a la crisis del coronavirus.

"Hoy no hemos hablado del superávit en el Consejo de Gobierno, pero es conocida nuestra posición, queremos usarlo y en esa línea estamos, a la espera de que el Ministerio de Hacienda lo decida así", aseguró Pérez en la rueda de prensa posterior al Consejo, aunque después reconoció que "hay una escalera de decisiones encadenadas, una detrás de la otra, que empiezan por la Unión Europea y siguen por el Estado, Hacienda y luego las Comunidades Autónomas; es complicado pensar que pueda haber decisiones definitivas en uno de los escalones mientras no las haya en los anteriores".

El Ministerio que dirige de María Jesús Montero hizo llegar esta semana a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) un borrador con la propuesta para dar una solución al problema de los ahorros de los ayuntamientos. Según se desprende de esta primera hoja de ruta, las entidades locales con superávit lo prestarían al Estado, que luego se lo devolvería como ingresos no financieros. De este modo, el Gobierno pretende que los consistorios presten sus ahorros a las arcas públicas para luego devolvérselo mediante dos ingresos en 2020 y 2021 de 5.000 millones de euros. El resto, se lo quedaría Hacienda y se lo reintegraría en un plazo de diez años.

El actual presidente de la Femp, el alcalde de Vigo Abel Caballero, ha convocado para hoy a la Junta de Gobierno de la federación para abordar esta propuesta. La reunión, que se producirá de manera telemática, tenía previsto arrancar a las 18.00 horas y en ella Caballero informará sobre el estado de las negociaciones con el Ministerio de Hacienda. El Partido Popular y Unidas Podemos ya han mostrado su rechazo frontal al planteamiento de Montero, aunque reconocen que sólo conocen la propuesta por lo publicado en los medios de comunicación.