El Ministerio de Hacienda ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una nueva propuesta para que las entidades locales puedan participar en la reconstrucción del país tras la pandemia y, excepcionalmente, ha planteado no exigir este año el cumplimiento de la regla de gasto. Este corsé limita la capacidad de crecimiento del gasto de las administraciones a la tasa de referencia del PIB a medio plazo, situada en el 2,9% este año.

Esta es la principal novedad de un nuevo documento que Hacienda está negociando con la cúpula de la FEMP, es decir con el presidente y alcalde socialista Abel Caballero, pero que para los alcaldes del PP no es ninguna concesión del Gobierno, porque ya daban por hecho que en la actual situación de crisis todas las administraciones iban a incumplir la regla de gasto.

Debido a la división interna en el seno del órgano municipalista y a la negociación que se mantiene el presidente de la FEMP, Abel Caballero, volvió a suspender la junta de gobierno que se debía celebrar ayer y que hace una semana también canceló. Ahora la convocatoria se traslada al próximo martes, en un intento de mejorar la propuesta del Ministerio de Hacienda y lograr una mayoría cualificada que respalde a Caballero en la FEMP.

Los alcaldes del PP consideran que la suspensión de la regla de gasto este año es insuficiente y debería ser extensible al 2021, que es cuando se sufrirán las consecuencias por la bajada de la recaudación y en cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.

Sin embargo, Abel Caballero destaca que "el planteamiento de Hacienda es muy bueno para las entidades locales". El alcalde socialista de Vigo destaca que los municipios pasarían de una ley, la de estabilidad presupuestaria, que no les deja desde el 2012 emplear sus superávits "a una propuesta en la que el Gobierno asume el déficit y nosotros podemos usarlos".

En Canarias tanto la Fecam como la Fecai han rechazado que Hacienda se quede con todos los ahorros municipales y que en este año y el que viene transfiera 5.000 millones de euros y el resto en diez años. Además, los alcaldes quieren que se amplíe el destino de las inversiones, ya que el Gobierno central los vuelve a limitar a cuestiones como el transporte, la vivienda, los cuidados personales y la cultura.