La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes a juzgar una pieza separada del caso Madeja, relativo al pago de sobornos a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos públicos, investigación de la que se inhibió en 2015 la que fuera juez de los ERTE en Andalucía, Mercedes Alaya.
Al inicio de la vista oral, la Sala ha rechazado las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 9 acusados en esta primera pieza que se juzga del caso Madeja o Fitonovo, sobre presuntos sobornos de esta empresa a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones en Canarias.
El primer acusado en declarar ha sido el apoderado de Fitonovo en Canarias Adolfo José De la Torre García, que ha accedido a responder a las preguntas del fiscal para explicar su relación con el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín, el ingeniero del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez, y los comerciales de dos empresas relacionadas con Fitonovo, Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez, que se sientan junto a él en el banquillo.
La Fiscalía les pide a todos 4 años de cárcel por un delito continuado de cohecho, a excepción de Gómez al que reclama 3 años.
Sobre Machín, De la Torre ha relatado que Fitonovo tenía un contrato con el Cabildo de Lanzarote de limpieza de conservación de carreteras y de limpieza de márgenes de hierbas y papeles y él era el consejero del área.
Ha asegurado que se trata de un contrato de adjudicación "completamente objetivo" por 1 o 2 años, que se renovaba automáticamente, y que les fue otorgado porque eran la mejor oferta por precio y cualificación empresarial.
En una ocasión, ha explicado, Machín le pidió un dinero para el partido -en la época de los hechos era consejero del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)- y De la Torre le contestó que esa petición sobrepasaba sus atribuciones y que lo tenía que consultar con la dirección de su empresa.
Así lo hizo, según su relato, y le trasladó la petición a Ángel Macedo, persona de confianza del dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, y acordaron hacer los pagos mediante el ingreso de talones en sus cuentas que él luego cobraba y entregaba en efectivo al exconsejero.
Machín recibió 24.000 euros, y, según De la Torre se los pagó en dos veces, en una le dio 6.000 euros y en otras 18.000, tal y como refleja el escrito del fiscal, que ha querido saber por qué Fitonovo hizo esos pagos.
"Habrá que preguntarle a la empresa", ha respondido el acusado, quien ha rechazado que fuera a cambio de esa adjudicación. "El contrato estaba claro y no tenía sentido pagar nada a nadie", ha sostenido.
En cuanto a la acusación de haber sobornado al ingeniero del Cabildo de Gran Canaria José Ulises Pérez, con el que ha dicho que mantenía una relación de amistad, ha apuntado que el dinero que éste recibió fue parte del remanente de una obra que se ejecutó parcialmente y no se facturó.
Ha explicado que de esa obra en una carretera de Gran Canaria -la reparación de un muro en la GC-851- "se hizo poco" porque cuando acudieron a la obra había ya "una buena parte resuelta", así que si la adjudicación fueron 15.000 euros, se ejecutaron unos 5.000 y quedaron 10.000 de remanente. La mitad fue para Ulises y la otra para Fitonovo.
En cuanto al pago de un viaje al ingeniero por 15.000 euros, ha relatado que lo negoció con Gustavo y Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez (delegados de API Movilidad y Elsamex SA, respectivamente) para que cada uno le pidiera a su empresa el dinero y ha precisado al fiscal que lo que tenían en común los tres con Ulises es que eran delegados de empresas de conservación de carretera "cada uno a su nivel".
Con ese dinero, le pagaron un viaje "homenaje" por su boda a Málaga durante un fin de semana.
La Fiscalía asegura que las tres empresas se resarcieron del pago de esa cantidad "mediante certificaciones de obras falsas o infladas".
El juicio continuará mañana con la declaración del resto de acusados, entre los que también figura el que fuera jefe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura José María Pizarro Gómez, quien se enfrenta a la mayor petición de pena: 5 años de cárcel por cohecho y 8 años de inhabilitación por prevaricación.
Los otros tres acusados son el que fuera secretario general de la Agencia Andaluza del Agua Carlos Francisco Irigoyen, el funcionario de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía José Francisco Cazorla y el directivo de Fitonovo José María López Torrego, quienes se enfrentan a 4 años de prisión.
