María Celia Blanco, jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, archiva el denominado caso Grúas en relación a los investigados José Alberto González, Antonio Pérez-Godiño y Rosario Hernández por no ser los hechos denunciados constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación, en consonancia con lo resuelto por el Tribunal Supremo (TS) cuando dictó el archivo de la causa contra el senador Fernando Clavijo, en sentencia pronunciada el pasado 9 de junio.

"Si el autor directo no ha cometido delito alguno, tampoco los cooperadores al acto administrativo ni los cómplices de tal acto", refleja en el auto. La magistrada jueza hace suyos los argumentos del Alto Tribunal y asume que la intervención de Pérez-Godiño (entonces concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad) en el caso Grúas consistió en firmar un decreto que complementó otro del alcalde, sobre el levantamiento de la prórroga del contrato del servicio de grúa, y acordó la continuidad del mismo, mientras que Hernández Eugenio (directora del área de Seguridad) y Díaz Domínguez (sucesor de Pérez Godiño como edil de Seguridad Ciudadana y Movilidad y posterior alcalde) eran investigados "como partícipes en una prevaricación o cooperadores de la misma".

El Procedimiento 1213/2017 surge con la denuncia presentada en 2017 por Unidos se Puede y Tenerife Nueva Canarias contra Fernando Clavijo, hoy senador de Coalición Canaria (CC), en base a la concesión -en 2014, siendo alcalde y por parte del Ayuntamiento lagunero- de un préstamo de 120.000 euros a la concesionaria del servicio de grúas y que esta empresa, aún con graves problemas de tesorería, obtuviera una prórroga de contrato, a pesar de los reparos presentados por el interventor.

En su auto, la jueza asume tanto lo determinado por el TS sobre la prevaricación -no toda infracción administrativa, irregularidad u omisión de trámite puede ser constitutivo de tal delito- como al levantamiento del reparo en la concesión del préstamo y la prórroga del contrato.