La Comisión de la Función Pública, órgano consultivo dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas integrado por Gobierno y sindicatos, informó ayer favorablemente sobre el proyecto de decreto de estabilización del empleo temporal, que incorpora los criterios que deberán reunir las plazas que conformarán la oferta extraordinaria de estabilización con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma. Esta oferta podría ser aplicable a unos 1.500 empleados actualmente en situación de interinidad.
Las centrales sindicales que respaldaron la propuesta del Ejecutivo fueron CCOO, UGT y CSIF, mientras que votaron en contra de la misma Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), que cuentan con la mayoría de la representación sindical en la comisión.
En la comisión el Gobierno se comprometió a abrir un período de negociación antes del 31 de diciembre de 2020 para lograr la aprobación y publicación, conjuntamente con esta oferta extraordinaria de estabilización, de otra oferta de empleo público, también extraordinaria, para la situación de consolidación, que afecta a la plantilla que trabaja para la Administración autonómica de forma interina o temporal antes del año 2005.
Entre los compromisos expuestos en la comisión, que serán objeto de una próxima formalización por Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, también se incluye el de referenciar las plazas afectadas a los correspondientes puestos de la relación de puestos de trabajo (RPT), posibilitando de esta forma que los futuros procesos de concursos de méritos no afecten a las plazas incluidas en los procesos de estabilización, blindando las plazas para ser ofertadas en exclusividad a los procesos extraordinarios de estabilización y consolidación.
Tanto IC como Sepca y Co.bas se han reservado actuaciones judiciales si en el proceso de negociación de las bases de las convocatorias no hay seguridad jurídica suficiente para los afectados.
