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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Los alcaldes canarios exigen más margen de gasto a cambio de ceder su superávit

La Fecam gesta un documento unánime que mantiene la demanda de derogar la ley de estabilidad - Alcaldes de toda España se niegan a ceder sus ahorros al Gobierno estatal

Última asamblea anual de la Fecam, celebrada en diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. J. PÉREZ CURBELO

Al Gobierno central se le incendia la política municipal. La intención del Ministerio de Hacienda de quedarse con superávits y remanentes y devolver ese préstamo hasta en quince años no gusta a casi ningún alcalde, aunque a los socialistas les toque disimular. A pesar de ello, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) mantuvo ayer la unanimidad, si bien exigirá a Madrid un mayor margen de maniobra financiero a cambio de ceder los 3.200 millones de euros -contabilizando la suma de los siete cabildos- que tienen depositados en los bancos.

Los regidores del PP se sitúan a la cabeza de la revuelta. A ese partido pertenece el alcalde zaragozano, Jorge Azcón, que se convirtió ayer en máximo exponente de la confrontación al citar hoy por videoconferencia a todos sus homólogos que se sientan agraviados. Según informa Efe, José Manuel Bermúdez (CC), que ostenta el bastón de mando en Santa Cruz de Tenerife, es uno de los que han confirmado su participación.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de "apropiarse" de remanentes municipales. Los alcaldes baleares populares también pusieron la proa al acuerdo alcanzado el lunes entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Para la firma de ese documento fue necesario que el alcalde de Vigo y presidente del organismo supramunicipal, el socialista Abel Caballero, hiciera uso del voto de calidad. Nunca antes se había registrado una grieta de ese tamaño en el seno de la FEMP. Los regidores de las Islas intentaron ayer, con éxito, que no se repitiera la desunión en el Archipiélago.

Contra la ley de estabilidad

El vicepresidente primero de la Fecam, Óscar Hernández, explicó que por encima de todo se colocó la exigencia de que se derogue la Ley de Estabilidad Presupuestaria que les impide tocar ciertas cantidades de dinero en virtud de una compleja fórmula que determina el techo de gasto para cada institución. La norma la instauró el PP en la anterior crisis y son mayoría quienes opinan que no tiene sentido en el momento actual, cuando las necesidades se multiplican por el destrozo que ha causado la pandemia.

¿Es posible tumbar esa ley? La presidenta de la Federación de Cabildos e Islas (Fecai), Dolores Corujo, socialista y máxima responsable insular en Lanzarote, lo explicó con claridad: "Eso exige una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados". La correlación de fuerzas no da para ello. Ni siquiera está claro que pueda convalidarse el real decreto gestado en el Consejo de Ministros del martes y por el que la Hacienda estatal podrá usar los ahorros con los que cuentan los ayuntamientos.

Serán las instituciones municipales las que antes del 15 de septiembre pongan a disposición de las arcas del país esas cantidades. A cambio, Madrid les ingresará el 35% de dicha suma a fondo perdido -hasta alcanzar en global 5.000 millones de euros- pero para que la gasten en proyectos finalistas y bien definidos que tendrán que contar con el visto bueno del departamento de la ministra María Jesús Montero. El grueso de la deuda se saldará en plazos de hasta quince años tras negociar con cada municipio.

El PSOE argumenta que antes no podían tocar un solo euro por esa ley de estabilidad del PP. Los populares y muchos otros alcaldes señalan que las necesidades son muchas y debe ser cada ayuntamiento el que pueda hacer frente con la totalidad de sus ahorros.

En medio de todo ello, la Fecam remitió ayer sus exigencias. Entre ellas, que la regla de gasto tampoco sea una obstáculo el año próximo. "Según estamos viendo, poco va a mejorar el panorama de aquí a entonces", argumentó Hernández.

Además, los alcaldes canarios rechazaron que los 5.000 millones se reserven exclusivamente para los municipios que decidan colaborar. Quieren un fondo global con esa cantidad que se reparta en función de las necesidades. En otras palabras, afean el chantaje de solo dar dinero a quienes accedan a prestar el suyo.

La Fecam también trasladó al Ministerio de Hacienda y a los diputados nacionales canarios, que participarán en el trámite de enmiendas al real decreto, la necesidad de que los fondos que lleguen puedan utilizarse hasta 2022. Poner el límite en el año próximo generaría el riesgo de tener que devolver parte por "no poder certificar una obra, por ejemplo", explicó el presidente de la Fecam.

Mientras, Dolores Corujo señaló que la reivindicación de los cabildos se recoge en la norma. "A todos nos gustaría más", señaló no obstante. Por su parte, la presidenta del PP en Canarias, Australia Navarro, tildó de "parche" que solo se deje utilizar a las instituciones insulares sus superávits y, además, con condiciones.

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