La simplificación de los procedimientos administrativos para facilitar la inversión ha entrado en la agenda del Gobierno canario impulsada por la necesidad de reactivar la economía tras el duro golpe que le ha asestado la crisis del coronavirus. La Consejería de Transición Ecológica ha empezado a avanzar sus intenciones a los agentes económicos, que por el momento han acogido de buen grado el proyecto y esperan que se materialice con rapidez. La futura norma, un decreto ley que modificará varias leyes y reglamentos, prevé una agilización de los trámites para actividades como el turismo La urgencia de poner de nuevo en marcha al sector turístico y hostelero -del que depende buena parte del empleo y del Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas- explica que sea el destinatario de algunas de las principales medidas, caso de la sustitución de licencias y autorizaciones por declaraciones responsables y comunicaciones previas para acometer procesos de renovación de la planta alojativa o mejora de los espacios de restauración.
"La figura del decreto ley permite que las medidas sean de inmediata aplicación desde el día siguiente al de su aprobación", afirma el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política Territorial, José Antonio Valbuena. El propósito del titular del departamento es que, una vez enriquecido con las aportaciones de las organizaciones económicas y sociales, el texto sea aprobado por el Consejo de Gobierno en una de sus primeras reuniones de septiembre. A continuación, será remitido al Parlamento canario para su debate y convalidación. El decreto afectará, entre otras normativas, a la Ley del Suelo, la legislación turística y las leyes del sector eléctrico.
Las actuaciones que el proyecto contempla, desde el punto de vista territorial, para estimular la recuperación tienen algunos límites: solo podrán ejecutarse sobre suelo urbano consolidado -no admitirán recalificaciones- y excluyen el aumento de camas en los establecimientos turísticos. En el caso de la sustitución de licencias por figuras administrativas como la declaración responsable -en la que el interesado manifiesta que reúne los requisitos para ejercer determinada actividad o derecho- o la comunicación previa -en la que pone en conocimiento de la administración sus datos-, no se aplicará a aquellos casos en que la ley nacional del suelo no lo permite.
La exención de la emisión de licencia -que conceden los ayuntamientos- o autorización -que corresponde a los cabildos- beneficiará, por ejemplo, a la reforma o renovación de hoteles y apartamentos siempre que no suponga incremento del número de plazas o aumento del volumen edificado o de la superficie construida. "Al día siguiente de presentar la declaración responsable, podrán empezar a trabajar", destaca Valbuena. Otros casos: un ganadero que quiera colocar un depósito de agua de hasta 1.000 metros cúbicos prefabricado, un agricultor que tenga que arreglar sus instalaciones porque han sufrido daños o al que la Consejería ordene adaptar su explotación ya no necesitarán licencia, aunque sí deberán contar con un proyecto. Uno de los objetivos de la iniciativa es, precisamente, "fortalecer el sector primario", que tiene "problemas importantes para la legalización de infraestructuras y la cobertura legal de actuaciones".
Menos de 300 comensales
La apertura de nuevos locales de restauración con capacidad inferior a 300 comensales -sean en interior, exterior o la suma de ambas- tampoco precisará de autorización previa. En el ámbito de los bares y restaurantes, el proyecto normativo que ha diseñado el Ejecutivo regional también prevé la posibilidad de duplicar el espacio que ocupan las terrazas, aunque manteniendo la capacidad actual, lo que facilitará a estos negocios cumplir con las medidas de distancia impuestas para prevenir el contagio.
El borrador de decreto incluye también novedades en materia de energías renovables, en concreto para estimular el autoconsumo energético. Las instalaciones podrán ocupar el 100% de las cubiertas de los edificios. Tampoco en estos casos se exigirá licencia. "Esto favorecerá este tipo de energías en régimen de consumo compartido o en régimen propio", detalla el consejero de Transición Ecológica. El proyecto introducirá también el registro de autoconsumo, que "facilitará el intercambio de información entre el particular y la empresa suministradora, de manera que se pueda compensar lo que uno pueda aportar a la red con lo que uno consuma de forma más rápida que actualmente".
Ajustes para no entorpecer
La propuesta de simplificación administrativa elaborada por el Gobierno autonómico se compone de 25 artículos, seis disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, 21 disposiciones finales, una disposición derogatoria y distintos anexos, al margen de los nuevos contenidos que puedan incorporarse como resultado del proceso de consulta con los agentes implicados. El documento comprende cambios en diez textos legales, aunque no se trata de "modificaciones profundas" -ni de la Ley del Suelo ni de otras-, puntualiza el consejero, sino de "retoques o ajustes de aspectos que entorpecen la materialización de inversiones privadas". El Ejecutivo mantiene su intención de impulsar una revisión más a fondo de la ley territorial, una medida que había anunciado a inicios de esta legislatura, y prevé, tras culminar el proceso de "trabajo interno", acometerla a finales de este año.
El Gobierno de Canarias ha incluido la simplificación de los trámites burocráticos entre los contenidos del pacto para la reactivación social y económica del Archipiélago tras la irrupción de la crisis de la Covid-19. "Tenemos una situación sanitaria que ha desencadenado una crisis económica y una crisis social que se nutre de las dos anteriores. En términos de caída del PIB, esta puede ser la mayor crisis que ha tenido España", argumenta José Antonio Valbuena para remarcar la necesidad de poner en marcha medidas urgentes que atajen este deterioro del tejido social y económico de la región.
El pacto -firmado por todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento autonómico salvo PP y Ciudadanos, organizaciones económicas, sindicatos, Cámaras de Comercio, Colegios de Trabajadores Sociales y entidades del tercer sector- se traducirá en un plan que, según las previsiones de los firmantes, adoptará en septiembre la forma de una propuesta "cerrada" para su aprobación por el Gobierno y posterior discusión en la Cámara legislativa.
