La presidenta del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, ha considerado este lunes que el archipiélago necesita de medidas "coordinadas y consensuadas" con los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas para reactivar la economía, así como para paliar las consecuencias laborales y económicas derivadas de la crisis sanitaria del coronavirus.

Por ello, cree "indispensable" el impulso de acciones "inmediatas" que contemplen medidas económicas y fiscales para "aliviar" la situación actual de los trabajadores autónomos y las pymes, ya que entiende que hasta el momento las anunciadas, tanto por el Gobierno de Pedro Sánchez como por el Ejecutivo regional, son "insuficientes y no garantizan la viabilidad económica" de pymes y autónomos, según indicó el PP en nota de prensa.

Navarro expone que la falta de medidas "efectivas" para apoyar el sector "está provocando el cierre de muchos comercios y empresas", por lo que se está "generando más paro" en las islas. En relación con ello, consideró que "no" se está teniendo en cuenta que "no habrá empleo que preservar si las pymes se ven obligadas a bajar sus persianas y los autónomos a desistir en su empeño por falta de amparo institucional".

Agregó que se observa una tendencia "negativa que demuestra claramente que los trabajadores por cuenta propia no lo tienen fácil", mientras acusó a los gobiernos de España y Canarias de "mirar para otro lado dejando a su suerte a un sector muy importante" para la economía, que afirmó "ya está padeciendo el impacto que esta crisis ha generado en el mantenimiento de los negocios".

Sin embargo, subrayó que los autónomos son una "pieza indispensable" en la recuperación económica, "una parte fundamental" del tejido productivo, por lo que reclamó que se tengan en cuenta.

Finalmente, consideró que tanto Gobierno central como canario apliquen las diferentes medidas que en estos últimos meses han sido elaboradas y consensuadas con el sector, tales como la rebaja del IGIG al 5 por ciento; la prórroga, más allá de diciembre de 2020, de los ERTE y del cese de actividad ordinario especial; o la suspensión del pago de las cotizaciones sociales de las empresas que debido a la crisis debían cerrar pero que no han despedido a sus trabajadores, entre otras.