El texto final del real decreto ley que plasma el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que el Gobierno use los 14.000 millones en remanentes de tesorería acumulados por los ayuntamientos contiene concesiones que buscan aplacar el descontento expresado por buena parte de los consistorios. La norma, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), exime a las administraciones locales que accedan a ceder su superávit al Ministerio de asumir los costes financieros que ahora pagan por esos remanentes y, además, concede un interés del 0,05% a los préstamos de los municipios al Ejecutivo si aceptan ampliar el plazo de devolución de diez a quince años. Las novedades, sin embargo, no han satisfecho a los ayuntamientos disconformes con el acuerdo. Se mantiene, por tanto, la división en el seno del municipalismo. De hecho, la carta en la que los alcaldes de diez grandes ciudades del país -Santa Cruz de Tenerife, entre ellas- manifiestan su oposición y reclaman una rectificación "inmediata" fue recibida ayer por la titular de Hacienda, María Jesús Montero. "Nuestra posición no ha variado un ápice", confirmaron desde la corporación tinerfeña.
En la rebelión contra las intenciones del Estado se han embarcado regidores de todas las fuerzas políticas salvo del PSOE, lo que pone en serio peligro la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados. Si para el ayuntamiento de Santa Cruz (CC) nada ha cambiado -"nuestras peticiones siguen siendo las mismas"-, tampoco lo ha hecho para el de Las Palmas de Gran Canaria y, en todo caso, ha sido para mejor. El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE), ve en el decreto "un muy buen documento". "Se nos ha concedido lo que pedíamos, que era poder utilizar el superávit, y, con la crisis del covid, 400 millones de euros más para compensar las pérdidas en medios de transporte. Además, si prestamos voluntariamente nuestros remanentes se nos incorporarán en los próximos años con intereses, además de habilitarse un fondo de 5.000 millones que no habría que devolver y que es de uso voluntario", detalló Hidalgo. El regidor capitalino confía en que el texto sea incluso mejorado durante su discusión en el Congreso y pueda ser finalmente aprobado.
0tra de las ciudades canarias, Telde (gobernada por CC y Nueva Canarias), analizaba ayer los términos del decreto, pero insistía en que su principal aspiración sigue siendo que Hacienda levante temporalmente el plan de ajuste que mantiene sobre sus cuentas para poder acometer un programa de reactivación económica y social que amortigüe el impacto de la crisis. El consistorio teldense esgrime para ello sus "innegable saneamiento económico" que ha logrado después de enjugar de reducir a 25 millones de euros una deuda que llegó a alcanzar los 129 millones.
Por su parte, La Laguna -cuyo gobierno local ejercen PSOE, Unidas se Puede y Avante La Laguna- cree que se trata de "un buen acuerdo, mejorable en ciertos aspectos". Su concejal de Hacienda, Alejandro Marrero, destaca su carácter voluntario y también que "es la única fórmula sobre la mesa para usar el superávit sin una modificación legislativa". Como aspectos positivos, el edil se refiere a que las transferencias al Estado no tendrán que realizarse hasta finales de 2021 y el alivio que supondrá para los ayuntamientos la aminoración del gasto en saldos bancarios.
Tampoco ha variado la postura de la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la socialista Mari Brito, reforzada ahora por las mejoras introducidas en el decreto ley. A su juicio, el texto "da cumplimiento al acuerdo" con la FEMP, pero además "lo mejora", al asumir el Estado los intereses de los saldos bancarios que actualmente abonan los ayuntamientos. Al igual que en la federación municipalista nacional, en la del Archipiélago impera la división entre quienes apoyan la oferta de Hacienda -el PSOE- y quienes la rechazan, un bando en el que han unido fuerzas CC, NC y PP.
Los contrarios al acuerdo reclaman que los ayuntamientos "puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades". Así se recoge en el comunicado conjunto de diez alcaldes del PP, Ciudadanos, CC, ERC, BNG, PDeCAT, Compromís y Adelante Cádiz enviado a la ministra de Hacienda. El acuerdo entre la FEMP y el Ministerio, alegan, "vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, supone la incautación de los superávits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado".
Desde Cataluña, los ayuntamientos gobernados por los comunes han reiterado que no pondrán a disposición del Ministerio sus remanentes. Catalunya en Comú, espacio político liderado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, avanzó en un comunicado que estos ahorros se invertirán "en la reconstrucción social y económica de las ciudades" mismas y no se cederán al Gobierno. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, propuso un "cierre de cajas municipal". "¿Qué es lo que no entiende el Estado de que los remanentes y superávits son de los vecinos y vecinas de los ayuntamientos?", dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.
Hacienda cifra en hasta 70 millones de euros anuales, derivados de dejar de pagar intereses bancarios, el ahorro que pueden conseguir los municipios que decidan prestarle sus remanentes. El Ministerio recordó en un comunicado que la participación en esta iniciativa dará derecho a beneficiarse de un ingreso máximo de 5.000 millones a fondo perdido que se podrá destinar a mejorar la atención a mayores o dependientes, aumentar la oferta de vivienda en alquiler o construir escuelas infantiles.
