La revuelta por la cesión del superávit municipal de los alcaldes de algunas de las principales ciudades del país y de la mayoría de los grupos de la oposición, incluidos los que han venido respaldando al Gobierno, preocupa mucho en la Moncloa. El Ejecutivo, que quiere hacer del diálogo territorial una de sus banderas, tiene ahora a los ayuntamientos en pie de guerra: la federación de municipios nacional (FEMP) dividida en dos y la canaria (Fecam) tratando de coger el consenso con alfiles, pero sin mucho énfasis. Con solo el PSOE a su lado, el Gobierno se expone a una derrota parlamentaria cuando se tramite el polémico decreto, que señala que el Gobierno tomará prestados 14.000 millones de los remanentes municipales -3.200 en el caso de Canarias-, pero devolverá esa cuantía a los largo de la próxima década e inyectará 5.000 millones a los ayuntamientos este año y el que viene. Ante este escenario, Pedro Sánchez anunció ayer que estaba dispuesto a hacer cambios.

"Mano tendida, vamos a seguir negociando con los ayuntamientos y con los grupos parlamentarios para garantizar la tramitación del decreto", dijo ayer el presidente tras entrevistarse con Felipe VI en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca), en su primera reunión oficial desde que se anunció la salida de España de Juan Carlos I. En la práctica, la negociación propuesta por Sánchez implica que el decreto, que se tramite en el Congreso como proyecto de ley, permita a los grupos parlamentarios plantear modificaciones. De momento, la norma cuenta con 190 diputados en contra, más de la mitad del hemiciclo.

Para evitar este fracaso, el Ministerio de Hacienda anunció el lunes que las entidades locales con superávit que apuesten por cederlo al Gobierno no tendrán que pagar los intereses que abonan a los bancos por tener esos remanentes inactivos. Pero el gesto no apagó las críticas. En las Islas alcaldes del PP, NC, CC y ASG abogan por una profunda modificación de la propuesta.

Pese a su llamada a la negociación, Sánchez defendió el acuerdo y descargó la responsabilidad en el PP. "El origen de esto es una ley del PP que impedía a los ayuntamientos el uso de sus remanentes. El Gobierno habilita ahora un mecanismo para que puedan hacer uso de ese remanente. Entre una cosa y otra hay un abismo", dijo el presidente. Poco antes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había avisado de que si el Congreso no convalidaba la norma, los ayuntamientos quedarían sujetos a la actual regla de gasto y no podrían usar sus remanentes salvo para inversiones financieramente sostenibles. Es decir, seguirían como hasta ahora bloqueados en los bancos para aquellos municipios que, sencillamente, no tienen deuda que pagar.

Montero asegura que "no entiende las críticas" al acuerdo alcanzado entre su departamento y la FEMP -se aprobó por el voto de calidad del presidente y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, tras un empate a 12 de la Junta de Gobierno con el PSOE a favor y en contra de PP, Cs y PDeCAt y la abstención de IU-Podemos- y desde su punto de vista "no tendría ningún sentido" que el Congreso no convalidara el decreto ley que lo recoge.

¿Por qué? La ministra defiende que con su propuesta, por una parte, "los ayuntamientos no estarán sujetos a las normas fiscales, que quedarían suspendidas, fundamentalmente la regla de gasto para 2020"; de otro lado, se autoriza a los consistorios a que "utilizar su remanente [ahorro] hasta el límite que les proporciona el déficit"; "se pone en marcha un procedimiento para aliviar la carga financiera de ayuntamientos en quiebra o en dificultades económicas con la posibilidad de reestructuración de su deuda, a través de diferentes mecanismos"; y se establece la posibilidad de que los ayuntamientos que tengan remanente positivo de tesorería, "que son la gran parte", puedan por una parte recibir un dinero a fondo perdido de los 5.000 que se habilitará a cambio de ceder sus remanentes "para un préstamo que será devuelto íntegramente en el plazo de diez años o superior si a los ayuntamientos les interesa ampliar ese tiempo".

Se trata de algo "voluntario" para los ayuntamientos, remarca la ministra, de forma que "aquel que no quiera poner los remanentes a disposición" del Gobierno, "no lo pondrá". Por ello, dice, "no se entienden las críticas" por parte del PP, desde donde llegan a "hablar de confiscación de los ahorros de los ayuntamientos cuando se trata de un préstamo que el Gobierno de España no necesita" porque cuenta con una "magnífica situación en los mercados", y, es más, "el hecho de tener que suscribir esos préstamos con los ayuntamientos incorpora un incremento de nuestra carga administrativa". "Hemos buscado la única solución posible que permitiera, a juicio de los abogados del Estado, que los ayuntamientos pudieran gastar ese superávit".