El sector de las energías renovables prepara sus aportación al borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias que ha elaborado el Ejecutivo autonómico. Celebran la existencia futura de un marco normativo que sustente el necesario impulso a las fuentes de generación limpia, pero echan en falta algo más de ambición en el capítulo del almacenamiento de los excedentes, el que, a su juicio, será el nicho de negocio más importante a corto plazo.
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial no ha olvidado este capítulo que se revela fundamental día tras día. Ya no basta con implantar más parques eólicos, sino que hay que contar con elementos que impidan que se desperdicien horas de viento que después han de cubrirse con tecnología térmica que ensucia el aire.
El artículo 46 del borrador señala: "La producción de energía eléctrica mediante energías renovables se apoyará en la instalación de sistemas y equipos de almacenamiento energético con la finalidad de proporcionar capacidad de gestión, asegurar la calidad del suministro y minimizar el desarrollo de nueva red necesaria para su integración". Durante la noche, los alisios soplan con fuerza, pero los ciudadanos duermen y las empresas están cerradas, con lo que hay parar los aerogeneradores para no saturar la red y provocar un apagón.
Al presidente de la Asociación de Empresarios Eólicos de Canarias (Aeolican), Rafael Martell, la mención al almacenamiento le resulta "tímida. Podrían ser más ambiciosos". No obvia que este asunto es novedoso en la legislación y que, en virtud del reparto de competencias, atañe más a la Administración central que a la canaria. No obstante, destaca que en otros capítulos, como el que obliga a los ayuntamientos a dar prioridad absoluta a los coches eléctricos a la hora de aparcar, el texto sí baja al detalle.
La estrategia que apunta pasa por tener camino recorrido cuando llegue la ley estatal. La de la consejería, sin embargo, es la de ver cómo legisla Madrid y actuar a partir de entonces. Es un problema de tiempos, porque en el Archipiélago Red Eléctrica de España (REE) -operador del sistema- ya se ve obligada a las desconexiones y en dos años llegan más parques.
Martell lo resume al advertir de que el almacenamiento "es la nueva burbuja", con lo que señala el segmento de este sector productivo en el que mayor interés por invertir comienzan a mostrar las compañías. En Gran Canaria, el proyecto de Chira-Soria cubre buena parte de estas necesidades, si bien hace unas semanas REE anunció la primera licitación para su construcción, es decir, restan alrededor de cinco años para verlo funcionando a pleno rendimiento.
Desde otro ángulo, la importancia del almacenamiento estriba también en evitar que se desincentive la entrada de más potencia renovable en las Islas. Si los promotores plantan sus aerogeneradores y después se les ordena parar, el plan de negocio se va al traste. Sobre todo porque en Canarias, a diferencia de lo que ocurre en la Península estas paradas que tienen tanto de técnicas como de necesarias no están remuneradas. Esta es una demanda de Aeolican que hasta la fecha no ha sido atendida por Madrid.
Por su parte, el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero, celebra que se ponga en pie la senda normativa por la que habrá de transitar el cambio a la generación con energías renovables en el Archipiélago. No obstante, lanza una advertencia: "Lo importante de estas leyes es que no ralenticen la ejecución de los proyectos".
Al respecto, nombra el Proyecto de Decreto Ley de Medidas de Simplificación Administrativa e Impulso al Desarrollo y Sostenibilidad de Canarias en el que ha trabajado el Ejecutivo autonómico. Rodríguez de Azero apunta a que si bien recoge el silencio positivo, también da entrada a la opinión contraria posterior de alguna administración. "Así es imposible que se materialicen las inversiones, la incertidumbre es absoluta".
En todo caso, retornando al borrador, el presidente de ACER considera que el cambio climático "requiere de una argumentación legal" y el trabajo desarrollado hasta el momento, que está en fase de recabar opiniones para su mejora, "está bien orientado y presenta una exposición de motivos clara".
Martell, por su parte, señala que será el posterior desarrollo de la ley el que marque su utilidad de cara a la consecución del objetivo. Por el momento, señala, "el texto está lleno de buenas intenciones".
