Los ayuntamientos canarios necesitarán entre 230 y 250 millones de euros para equilibrar sus presupuestos de este año debido a la caída de ingresos y al aumento de gastos por la pandemia del coronavirus. Ese es el cálculo que ha realizado la Federación Canaria de Municipios (Fecam) de cara a las reclamaciones al Estado y a la Comunidad Autónoma para que se puedan garantizar los servicios municipales durante este año y los dos próximos, según informó Óscar Hernández, vicepresidente de ese organismo y alcalde de Agüimes.
Por unanimidad, el Parlamento autonómico convalidó ayer el Decreto-Ley que permite adelantar el traspaso de 103 millones de euros del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y flexibilizar la justificación de los gastos, pero ese dinero "no resuelve" la situación financiera de los 88 ayuntamientos de las Islas, aseguró Hernández, quien precisó que los consistorios van a tener dificultades para equilibrar sus cuentas a final de este año y en los dos próximos ejercicios, aunque no tendrán problemas de liquidez porque podrán utilizar los remanentes de tesorería.
La crisis económica derivada de la pandemia de Covi-19 afecta "por igual" a todos los municipios, pero será aún peor para la docena de gobiernos locales que no tuvieron superávit en el año 2019. "Los ayuntamientos que el año pasado ajustaron el gasto o fueron a déficit están bastante más afectados, porque además de no tener capacidad para poder equilibrar el presupuesto actual, pues arrancan con el déficit del 2019 más el que van a heredar de este año, en las cuentas de 2021 y 2022 van a tener muchísimas dificultades para cuadrar los gastos corrientes de los capítulos 1 y 2; esos van a tener problemas estructurales los próximos dos años", apuntó el vicepresidente segundo de la Fecam.
Hernández mostró la satisfacción de los alcaldes por el acuerdo del Parlamento sobre el Fondo Canario de Financiación Municipal "porque facilita muchísimo la gestión y evita que los ayuntamientos tengan que hacer ingeniería financiera", pero admitió que "no resuelve en absoluto" su crisis financiera, pues ese dinero ya estaba contemplado en los ingresos presupuestarios. "Lo que permite es más flexibilidad y que no haya penalización, que era del 50% si se incumplía el ahorro neto y el esfuerzo fiscal", precisó.
Aunque ese anticipo de 103 millones (el 35% del total del Fondo Canario) supone un respiro para las arcas municipales, los ayuntamientos "siguen teniendo un problema estructural por la caída de la recaudación de impuestos propios y por la reducción de los ingresos del bloque de financiación municipal, calculada actualmente en un 34%. "Si no nos permiten usar la liquidez que tenemos, con remanentes o superávit, tendremos un presupuesto en negativo, pues con el aumento de los gastos por la crisis sanitaria el desequilibrio está asegurado", concluyó.
El Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad la convalidación del acuerdo entre el Gobierno y la Fecam, con 65 votos favorables, lo que no evitó duras críticas de los tres grupos de la oposición -CC, PP y Cs- al gabinete de Ángel Víctor Torres, en especial por colar en el mismo Decreto-Ley una modificación de la Ley de Fomento de la Participación Ciudadana, una "trampa" y una "chapuza" a juicio de los portavoces opositores. También por unanimidad, la Cámara acordó que ese decreto se tramite como proyecto de ley,
Justificaciones
Julio Pérez, consejero regional de Administraciones Públicas, defendió el Decreto-Ley y resaltó que los ayuntamientos podrán destinar ese dinero a más finalidades, además de que se eliminan alguna restricciones a la hora de justificar los gastos, una batalla de los municipios desde que se aprobó la Ley del Fondo en 1999.
Socorro Beato, del grupo de CC, lamentó que el Gobierno haya tardado tres meses en llevar esa iniciativa al Parlamento, pues desde el 8 de mayo tenía el visto bueno del Consejo Municipal de Canarias, y criticó "el inmovilismo" del cuatripartito.
Manuel Domínguez, del grupo del PP Popular, calificó el Decreto-Ley de "chapuza" y de "curioso, como mínimo", y acusó a Julio Pérez de intentar "esconder" los cambios sobre la participación ciudadana en un texto sobre del Fondo de Financiación Municipal. También, dirigiéndose al presidente Torres, acusó al Ejecutivo regional de ser cómplice "del robo" de los remanentes de los ayuntamientos, en referencia al acuerdo del PSOE con el presidente de la FEMP, Abel Caballero.
Vidina Espino, portavoz de Ciudadanos, acusó a Pérez de practicar "la picaresca", mientras que Manuel Martínez (PSOE), Carmen Hernández (NC), Manuel Marrero (Sí Podemos) y Melodie Mendoza (ASG) apoyaron la propuesta del Gobierno regional.
