Al cumplirse 12 años del accidente aéreo de Spanair, que dejó 154 fallecidos y 18 supervivientes, las víctimas celebran la nueva "oportunidad" para que se conozca la "verdad" de esta tragedia, tras haberse aprobado la creación de una nueva comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Esta se encargará, fundamentalmente, de redactar el informe de conclusiones que no dio tiempo cerrar la pasada legislatura tras escuchar los testimonios de 44 intervinientes, entre supervivientes, familiares, responsables y exresponsables de Aviación Civil, del aeropuerto de Barajas, de la compañía fabricante del aparato siniestrado (Boeing), pilotos, mecánicos y hasta de la exministra de Fomento de entonces, Magdalena Álvarez. Si la comisión halla indicios de criminalidad, se instará a la Fiscalía General del Estado a actuar y a reabrir el procedimiento.

Y es que 12 años después los familiares siguen con la "penitencia impuesta". "Ni verdad, ni justicia, ni reparación", criticó ayer la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pilar Vera, en una rueda de prensa anterior a los actos de homenaje en Madrid - en el parque Juan Carlos I y en la Terminal 2 del aeropuerto-, desde donde partía el avión rumbo a Gran Canaria aquel fatídico 20 de agosto.

Porque la primera investigación "benefició a cualquier parte menos a las víctimas" y parece un "sarcasmo" que los ciudadanos tengan que trabajar para "conseguir la verdad" sobre las causas del accidentes y desmontar el archivo judicial que decretó en 2011 la Audiencia Provincial de Madrid, apuntando como únicos responsables a los pilotos de la aeronave.

Ante esta situación, las víctimas reclaman la desclasificación del expediente elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) sobre el siniestro del Spanair y al que sí tuvieron acceso el Estado, el fabricante aeronáutico Boeing, la compañía aérea y la aseguradora como partes implicadas, pero del que se privó a los afectados pese a que ni tiene consideración de secreto oficial ni ha sido declarado materia clasificada y no está, por tanto, incluido en el ámbito de la ley de secretos.

El pasado 15 de abril se abrió una nueva "oportunidad" para conocer "qué pasó de verdad" ya que por tercera vez el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la creación de una comisión de investigación, que está a la espera de constitución. "Esperamos que sea la oportunidad de llegar a la verdad.... por la memoria de los muertos y la seguridad de los vivos", enfatizó Vera.

Un año más, las víctimas denunciaron la "connivencia" de la aseguradora del vuelo siniestrado, Mapfre, y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ya que el organismo público se encuentra de alquiler en un edifico de la empresa por una cantidad mayor al dinero destinado a las indemnizaciones de las víctimas.