El ingreso mínimo vital no llega a Canarias. El atasco en la tramitación de las 750.000 solicitudes en España, de las que sólo se han aprobado algo más de 80.000, ha activado las alarmas de sindicatos y del Gobierno canario, que coinciden en que la gestión de esta ayuda está siendo más complicada de lo que se previó por el aluvión de peticiones, el escaso personal y las burocracia administrativa que conlleva baremar cada una de las solicitudes.
La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, que dirige Noemí Santana -de Podemos, al igual que el Ministerio que tramita estas ayudas- ha aprobado entre junio y julio 1.376 altas nuevas de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). De esta forma, el Ejecutivo regional sigue dando protección a las familias más vulnerables de las Islas, mientras se implanta el ingreso mínimo vital (IMV) y se avanza hacia un modelo de renta ciudadana canaria basada en complementos concretos a esa ayuda nacional, como de alquiler de vivienda, colectivos a los que no llega la prestación del Estado o complementos por ingresos muy bajos. Otras comunidades autónomas han optado por paralizar sus ayudas a la espera de la prestación estatal.
Las familias españolas en peor situación económica han presentado desde fines de mayo ante el Ministerio de Seguridad Social casi 750.000 solicitudes del llamado ingreso mínimo vital, de las que se han analizado 143.000 (el 19%), y algo más de 80.000 se han reconocido, 36.500 se han denegado -sobre todo por exceder los niveles de renta y patrimonio- y otras 25.800 están pendientes de que se adjunte documentación.
En Canarias se han presentado en torno a 35.000 solicitudes y se espera llegar a 50.000. No se sabe aún a cuántas familias se les ha concedido ya. Tanto CC OO, como UGT y el propio Gobierno canario han reclamado información a la Seguridad Social para conocer con exactitud cómo evoluciona la percepción de esta ayuda estatal en las Islas, una región con altos índices de pobreza y paro, y una de las más afectadas económicamente por la pandemia, al tener una gran dependencia del turismo, paralizado por el Covid-19. Todos están a la espera de respuesta.
Este aluvión de peticiones ha provocado un atasco burocrático que el Gobierno central achaca a errores en las documentaciones presentadas y otras cuestiones, y que los sindicatos asocian a la falta de personal. Por ahora, se habrían reconocido solo 4.200 subsidios, con independencia de los 75.000 que la Seguridad Social otorgó de manera automática en junio para los beneficiarios de la denominada prestación por hijo a cargo. De estas ayudas, 3.164 fueron a Canarias, (1.543 en la provincia de Las Palmas y 1.621 en la de Santa Cruz de Tenerife). En esos 3.164 hogares que de oficio se benefician ya del ingreso mínimo vital en las Islas viven 4.224 adultos y 4.824 menores de edad.
Por lo tanto, por parte del Gobierno de Canarias lo que sí se está haciendo, a la espera del ingreso estatal, es que se mantiene igual la renta autonómica (PCI), es decir, una persona que se encuentre en situación de necesidad y que sea susceptible de recibir estas prestaciones puede solicitar ambas. Se pide como requisito que el solicitante de la PCI haya reclamado previamente el ingreso mínimo vital, se le tramita la PCI como se venía haciendo hasta ahora, y en el caso de que se le conceda la ayuda estatal y también sea beneficiario de prestación canaria debe comunicarlo a la trabajadora o trabajador social de su ayuntamiento para ajustar la renta autonómica y evitar así incurrir en reintegro. 8.069 familias están recibiendo la Prestación Canaria de Inserción, con 889 nuevas altas en junio y 487 en julio.
El Gobierno central expone que quienes soliciten el ingreso mínimo antes del 15 de septiembre lo cobrarán, una vez reconocida la prestación, con carácter retroactivo desde el 1 de junio.
Los sindicatos de Canarias están pendientes de los datos en las Islas, aunque ya avisan de que la gestión está siendo lenta para unas familias con necesidades básicas para su subsistencia.
Desde UGT en Canarias señalan que no tienen datos actualizados aunque se los han pedido a la comisión ejecutiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). A principios de septiembre van a mantener una reunión con este organismo para analizar la situación en las Islas. El problema principal que se denuncia desde CC OO es el déficit en personal, y el sindicato en Canarias pone un ejemplo gráfico con provincias con un número de habitantes similares, como puede ser la provincia de Santa Cruz de Tenerife con Asturias.
Asturias cuenta con 309 funcionarios mientras que Santa Cruz de Tenerife tiene 158 y, por lo tanto, se están viendo con unas cargas que no pueden asumir, con una avalancha de trámites para el ingreso mínimo vital y con registros a través de la sede electrónica con un aumento del 3.000% en solicitudes, indican desde el sindicato.
A través de la organización federal de CC OO se está tratando con los ministerios afectados, y desde Cananas se encuentran a la espera de la reunión con el INSS, con el fin de intentar llegar a alguna fórmula para que todas las familias que tendrían que verse beneficiadas por el ingreso mínimo, en torno a 125.000 en Canarias de los cuales unos 31.000 son menores, puedan contar con la renta estatal para cubrir sus necesidades básicas.
Francisco Bautista, portavoz sindical de UGT, afirma que el sindicato ya le ha pedido al SEPE los datos del ingreso mínimo vital y reclama una inversión directa para personal de forma que se tramite esta prestación lo antes posible.
