El Gobierno de Canarias continúa su cruzada no sólo contra el avance imparable del coronavirus, sino también contra la irresponsabilidad de los ciudadanos que no cumplen con las normas sanitarias. Por ello, el presidente regional, Ángel Víctor Torres, avisó ayer de que si en el plazo de diez días no se frenan los contagios, se endurecerán las sanciones económicas para quienes se salten las medidas decretadas. "Nos jugamos tener mejores datos o adoptar decisiones más restrictivas", anunció el socialista después de mantener una reunión de coordinación sobre seguridad sanitaria en Lanzarote que, junto con Gran Canaria -que sigue a la cabeza en número de casos con 3.112 positivos acumulados, de los que 2.320 se encuentran activos- es una de las islas donde más han aumentado los casos de Covid.

La pandemia alcanza una incidencia de 103,75 casos por cada 100.000 habitantes en tierras conejeras, unas cifras que convierten a Lanzarote en una zona caliente epidemiológicamente hablando. Para forzar a que la curva descienda, el Cabildo ha optado por decretar el cierre de los parques infantiles y las instalaciones de ocio, culturales y deportivas de carácter público durante, al menos, los próximos 14 días. Además, también se cerrarán aquellas playas en las que no se cumplan con las condiciones mínimas de seguridad por cuestiones de aforo, tal y como anunció la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, en una rueda de prensa conjunta con Ángel Víctor Torres.

Los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad regional apuntan a que Lanzarote registra un total de 436 casos, de los que 331 se encuentran activos. Unas cifras preocupantes que han provocado que el Cabildo haya activado a todos los efectivos de los cuerpos de seguridad estatales, autonómicos y locales para incrementar las inspecciones y sanciones en las zonas que presentan un mayor índice de contagio, especialmente terrazas y playas, cuyo control se intensificará de manera notable en las próximas semanas. Estas medidas se complementan con las anunciadas el jueves por el presidente del Gobierno de Canarias, que suponen la suspensión de todos los actos y eventos que puedan congregar a más de diez personas durante las próximas dos semanas, el cierre de los centros de día no ocupacionales y el límite de apertura de los restaurantes hasta las 24.00 horas.

Ambos presidentes coincidieron en la necesidad de incrementar los controles y de realizar un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las normas por parte de toda la población para evitar nuevos repuntes y poder salir de esta situación lo antes posible. "Debemos mejorar nuestros datos epidemiológicos para evitar poner en jaque nuestro sistema sanitario y poner en riesgo la economía de nuestras islas", explicó Torres. Por su parte, Dolores Corujo expresó su preocupación ante una situación que "requiere de la responsabilidad y del compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas". Horas antes, Torres había recorrido junto al consejero regional de Sanidad, Blas Trujillo, el Hospital Doctor José Molina Orosa para conocer de primera mano la asistencia que se da a los enfermos de Covid.

'Zonas calientes'

Gran Canaria y Lanzarote cuentan hasta con una docena de las llamadas zonas calientes, es decir, aquéllas que superan los 100 casos por cada 100.000 habitantes en el índice acumulado (IA) de casos declarados a siete días. En Gran Canaria hay una decena de municipios que superan ese registro, lo que también ocurre en dos localidades conejeras. "Para estos sitios hemos tomado las decisiones más restrictivas, pero el confinamiento se establece a partir de siete días con 600 positivos por 100.000 habitantes", explicó Torres, que reconoció que hay distritos con unos 300 casos por lo que "la clave ahora pasa por cumplir las normas" para no llegar a los confinamientos.

Para garantizar el cumplimiento de medidas básicas como, por ejemplo, mantener la cuarentena, el Gobierno regional ha solicitado al Estado un centenar de rastreadores militares para reforzar especialmente las islas de Gran Canaria y Lanzarote. De hecho, en la primera de ellas ya se ha aumentado con recursos regionales el número de rastreadores, que ha pasado de 89 a 158. Por su parte, el Área de Salud lanzaroteña disponía de un equipo de profesionales sanitarios centrado en el estudio de contactos de tuberculosis y de meningitis bacteriana que, con la llegada de la pandemia, se reconvirtieron en rastreadores; un equipo al que se han sumado diez profesionales más. Además, las distintas policías locales también apoyan en la tarea de rastreo, principalmente para el control de las personas que dan positivo y no cumplen la cuarentena.