Javier Artiles Camacho, abogado imputado en el caso Lifeblood, negó ayer ante la juez instructora, María Victoria Rosell, que trabajase para la empresa a la que la ex consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, adjudicó el servicio de hemodiálisis de dos hospitales canarios por un montante total de 124 millones. Artiles dijo en sede judicial que sólo ayudaba a su amigo, el administrador único de Lifeblood, Francisco Javier Jorcano Otero.
Estas declaraciones las realizó al ser interrogado sobre las negociaciones que mantuvo con La Caja de Canarias para conseguir un aval que permitiese a la sociedad de Jorcano presentarse al concurso de hemodiálisis.
Artiles fue el tercer imputado en declarar ante la instructora por las supuestas irregularidades en la adjudicación de este millonario concurso y negó tajantemente que utilizará sus influencias para que Lifeblood lo ganase.
En su testimonio, que se alargó durante más de cinco horas, reconoció que había trabajado como asesor en varios asuntos jurídicos con el Servicio Canario de la Salud (SCS) y con la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, dependiente de Sanidad.
Asimismo, reconoció también su condición de apoderado y letrado -desde antes del concurso- de Baxter, la empresa adjudicataria del servicio de hemodiálisis antes de la nueva convocatoria en la que Lifeblood resultó ganador, designación que ahora se encuentra suspendida.
Artiles admitió además que la mujer del exdirector del SCS, Guillermo Martinón, que dimitió como gerente tras el estallido del caso Lifeblood, trabaja en su despacho jurídico.
Por otro lado, los investigadores consideran que el concurso parece un traje hecho a la medida de Lifeblood, puesto que permitió a una empresa sin experiencia previa en la prestación de servicios de diálisis como Lifeblood obtener la adjudicación.
Por todo esto, en el actual momento de la investigación, se les imputa a Javier Artiles, Francisco Javier Jorcano Otero y Lourdes Quesada, la exsecretaria técnica del Servicio Canario de la Salud, los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y uso de información privilegiada; además, se estudia la posibilidad de imputarles otro delito de falsedad documental.
Tras la avalancha de documentación presentada durante las citaciones y las catorce horas de declaraciones realizadas en el despacho de la juez Rosell durante estos dos días, ahora la investigación tendrá que chequear todos los datos obtenidos en torno al concurso del servicio de hemodiálisis con testigos que serán citados en próximas fechas. Todo ello después de que los imputados contestaran a cerca de trescientas preguntas durante dos días de declaraciones.
