El cierre de fronteras por el Covid-19 está propiciando el aumento de la llegada de magrebíes a las costas canarias al no poder ser repatriados. Esta es una de las causas que desde Cruz Roja argumentan para el incremento de personas procedentes de Marruecos o Mauritania que tenían convenios de repatriación con España al igual que Argelia o Senegal. Si antes arribaba un 90% de subsaharianos, en estos último meses se ha nivelado a un 50% con la llegada de magrebíes, aunque en los últimos días ha crecido la proporción de subsaharianos, con más de un centenar de migrantes en cayucos desde el viernes.
El propio delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, apunta la necesidad de abrir las repatriaciones a los países de origen a migrantes que ya tienen los test PCR negativos. La comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, prevé viajar esta semana a Mauritania acompañada por el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explorar soluciones al aumento de la presión migratoria en la ruta atlántica y ver cómo evitar el tráfico de cayucos hacia Canarias. Con la crisis de los cayucos en 2006, donde arribaron en ese año 31.678 a las costas isleñas, se puso en marcha a un operativo entre varios países coordinado por la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) con el objetivo de incrementar la vigilancia y controlar la llegada de personas migrantes.
La misión de Frontex buscaba un efecto disuasorio de las personas que buscaban una vida mejor a través de un peligroso viaje en cayucos o pateras hacia Canarias, que ha dejado numerosos muertos en el mar.
España recibió refuerzos de Europa a través del Frontex, aunque también los acuerdos de repatriación con los países de origen y cuando se convenció a Mauritania y Senegal de que permitieran a la Guardia Civil española patrullar junto con sus gendarmerías en sus propias costas disminuyó la oleada de cayucos.
El resultado fue efectivo: de casi 31.678 migrantes llegados a las islas en 2006 (la mitad de ellos, senegaleses) se pasó a 12.478 en 2007, a 9.181 en 2008, a 2.246 en 2009 y a 196 en 2010. La misma secuencia vista desde la otra orilla muestra que ya en 2006 se logró interceptar -y devolver a tierra- a 4.290 emigrantes cuando salían de la costa africana. En 2007, a 8.574; en 2008, a 6.659; en 2009, a 2.570; y en 2010, a 365. Canarias ha estado unos diez años con una llegada de embarcaciones baja, pero la mayor vigilancia sobre la ruta del Mediterráneo ha reabierto la del Atlántico y solo este año ha habido un aumento del 600% de llegada de migrantes a las Islas, en torno a 5.000 personas. Aunque lejos de las cifras de 2006, aún quedan los meses de las calmas del mar en los que más embarcaciones salen.
La imagen de las personas hacinadas en el campamento de Arguineguín, en carpas y muchas durmiendo a ras del suelo -hasta 500 se han llegado a concentrar- pese a las denuncias de las ONG desde hace un año, unido a la demora en buscar espacios estables y en condiciones lo que finalmente ha provocado que se estén realojando en complejos hoteleros provisionalmente, junto a los plantes del Estado a este problema, han sido el detonante para que desde el Gobierno de Canarias, ayuntamientos, cabildos, partidos políticos, policía nacional y agentes sociales y económicos reclamen una solución a Madrid urgentemente.
La primera medida es el desalojo del campamento de Arguineguín con el apoyo de hoteles. Además, se exige al Estado que abra espacios de Defensa o los CIE estables y dignos, mejoras en el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), más apoyo del Frontex, y la derivación a la Península de los migrantes para que puedan seguir su tránsito a Europa.
En una semana no han cesado de ir políticos al campamento de Arguineguín, uno tras otro, cuando hace meses que la situación había desbordado a las ONG y a la policía.
