Movilizar el 'stock'.
Durante la legislatura pasada el Gobierno movilizó un stock equivalente a cerca de 6.000 viviendas a través de la compra directa para ofrecerlas a las familias como viviendas protegidas, otras para alquiler y cerca de un millar para finalizar su construcción.
Segregacionismo.
La presidenta de los constructores, Salud Gil, criticó que los planes de vivienda del Gobierno son "segregacionistas" porque discrimina las viviendas protegidas del resto separándolas de los núcleos urbanos y construyéndolas en la periferia. Por eso asegura que se debe acabar con esta figura.
