El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, rechazó ayer eximir a las empresas hoteleras y extrahoteleras de las Islas de la subida del IGIC o posponer su aplicación hasta 2013.
"Los números son los que son. El Gobierno está intentando cuadrar las cuentas con el escenario que hay, que son 800 millones de euros menos desde el Estado", argumentó. Tras el Consejo de Gobierno, recordó que el Ejecutivo prevé recaudar unos 250 millones de euros a través de la presión fiscal y los otros 550 millones se ajustarán en el sector público autonómico. "La situación hace que la crisis también llegue a la administración pública. Son medidas imprescindibles y es la única manera que hay de mantener los servicios públicos esenciales. No hay otra salida", argumentó.
Empresas públicas
Por otro lado, el Gobierno regional estudia los planes de viabilidad presentados por las empresas públicas para que se cumplan los criterios de austeridad exigidos, según Marrero. Aseguró que las empresas públicas pasarán de 21 a 16, pero no pudo concretar los posibles despidos. En todo caso, hizo hincapié en que el pacto CC-PSOE "no va a caer ni caerá en la fiebre de suprimir empresas públicas".
El portavoz recordó que en 2008 el Ejecutivo canario transfirió 341 millones de euros al sector público empresarial, mientras que este año ha presupuestado 139 millones.
En cuanto a una posible huelga de los empleados públicos, Marrero dijo que el Ejecutivo "seguirá manteniendo un diálogo fluido" con los sindicatos. Detalló que el recorte salarial a partir de julio no llegará al 10% mensual, pero sí en el cómputo semestral, al incluir la paga extra de Navidad.
