La designación de los senadores autonómicos es una fórmula que utilizan todos los grandes partidos para colocar en la Cámara Alta a expresidentes o exalcaldes. Por esta vía, tienen acta el popular Juan José Lucas, expresidente de Castilla y León, el socialista Marcelino Iglesias, expresidente de Aragón, o el también socialista Francesc Antich, ex presidente del Gobierno balear. Javier Arenas, vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, también se sienta en el Senado por designación del Parlamento andaluz.

En las últimos nombramientos, tras las elecciones autonómicas de mayo, la Comunidad canaria ha designado para el Senado a dos exalcaldes de las dos capitales canarias, Josefa Luzardo y Miguel Zerolo, lo que para este último supone, además, ser juzgado por el Supremo en la causa de Las Teresitas.

El número de senadores autonómicos en la actual legislatura subió en cinco. Una de las regiones que aumentaron fue la de Canarias, junto a Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía, autonomía esta última que es la que cuenta con más senadores autonómicos, un total de nueve.

Uno de los aspectos que más polémica han causado sobre la remuneración de los senadores es todo lo relativo a sus pensiones. Según el reglamento de la Cámara Alta, tendrán derecho a obtener una pensión todos los exparlamentarios que hayan tenido la condición de diputados o senadores durante al menos siete años. Para el común de los españoles, es necesario trabajar 35 años y haber cotizado en los últimos 15 años para percibir la pensión máxima.