Una veintena de carreteras y más de 800 millones de euros de inversión del convenio de carreteras tendrán que ser renegociados entre el Gobierno canario y el Ministerio de Fomento debido a los recortes, que modifican el calendario pactado entre las dos administraciones en 2009. Según la programación prevista y publicada en los boletines oficiales del Estado y de Canarias, el Estado debe transferir cerca de 2.000 millones de euros hasta el año 2017 para construir 37 carreteras en todas las islas, 22 de ellas ya adjudicadas por unos 900 millones.

Los ajustes introducidos en este ejercicio, tres años después de renegociado, obligan a cambiar tanto los plazos de ejecución de las vías como el calendario pactado de las transferencias procedentes del Estado, a razón de 200 millones anuales hasta 2017. Por ello, un total de 15 carreteras pendientes de licitar se tendrán que paralizar hasta que se reconduzca la situación económica, mientras que las 22 que se están ejecutando sufrirán una demora de al menos dos años debido a la falta de fondos públicos para mantener el ritmo actual.

Además de las obras con proyecto y presupuesto, existe un anexo en el convenio formado por 28 carreteras programadas para más allá de 2017 y que ahora quedan en el aire ante la prioridad de continuar y acabar con el volumen inversor que mueve las actuales vías, que alcanza los 2.000 millones de euros. Entre estas carreteras sin financiación se encuentran en Gran Canaria la segunda fase de la carretera de La Aldea a Agaete, La Aldea-Mogán, la Vía Tangencial de Telde, la Variante Aeroportuaria o el desdoblamiento Gáldar-Agaete.

La única alternativa que se vislumbra como posibilidad para evitar una excesiva demora en el convenio de carreteras es la introducción de la financiación privada, a través de fórmulas como la colaboración público-privada o la prefinanciación por las empresas constructoras.

Sin embargo, uno de los problemas con los que se encuentra la Administración es la prohibición de endeudarse por encima de lo permitido, por lo que la entrada de capital privado tendrá que estar sujeta a las disponibilidades financieras de la Administración y al endeudamiento que se pueda contraer para abonar a las empresas los fondos adelantados y los intereses que surgirían por el aplazamiento de los pagos.