"Hay un ataque preventivo contra el Gobierno, pero más que dirigido por los empresarios, que también, está dirigido por el Partido Popular". El diputado del Grupo Mixto en la Cámara regional y presidente del NC, Román Rodríguez, asegura que es legítimo que los inversores reclamen "lo que crean conveniente para sus intereses", pero, igual que el jueves en el Parlamento canario, coincide con el consejero Domingo Berriel en que lo que no se "de recibo" es que "el Cabildo de Gran Canaria o los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana o de Mogán vengan ahora dar lecciones y a alentar a los inversores cuando son precisamente ellos los que no han cumplido". En el Cabildo, recordó, el PP "no aprobó ni un plan territorial, eso sí elaboró un Plan Insular que lo condena todo".

Rodríguez, presidente del Gobierno regional cuando se aprobaron las Directrices de Ordenación del Territorio en 2003, se muestra de acuerdo con la modificación de la ley del territorio que reclaman los inversores, pero no que ello suponga su "desregulación para que cada uno haga lo que le convenga".

"El gobierno del territorio tiene que estar perfectamente reglado. Hay que compatibilizar las inversiones económicas y el sostenimiento de los recursos naturales. Debe ser una ley segura, transparente y defender los intereses generales. Pero quienes defienden los intereses generales", subraya el diputado, "están en el Parlamento, no fuera de él".