El Servicio Canario de Salud arrastra un déficit de más de 50 millones de euros por la atención sanitaria a los desplazados, es decir, usuarios procedentes de otras comunidades autónomas y turistas de países comunitarios. Canarias no está suficientemente compensada por el gasto que supone la numerosa población flotante que visita las Islas anualmente ni tampoco por el llamado "turismo sanitario", una situación que denuncian los médicos y farmacéuticos y que implica también un elevado coste para la sanidad canaria.
Al contrario de lo que está sucediendo en otras comunidades, Canarias apenas pone restricciones en la atención a los pacientes desplazados. Los recortes del gasto público están provocando que regiones como Cataluña, Valencia o Murcia estén restringiendo determinadas prestaciones como las recetas a enfermos crónicos o el acceso a los especialistas. Asimismo, estas y otras comunidades autónomas están incrementando la presión sobre el Ministerio de Sanidad para que se les compense el cien por cien de este gasto.
En Canarias la situación hasta ahora ha sido la del "café para todos", de lo que se ha beneficiado especialmente la población extranjera mayor que pasa largas temporadas en las Islas y que compran grandes cantidades de medicamentos para enfermedades crónicas o se operan aquí porque en sus países de origen - Alemania, Francia o Reino Unido- les sale más caro o se les cobra por prestaciones que en España las cubre la sanidad pública.
Facturación
Desde principios de la década hasta ahora se ha ido acumulando un déficit como consecuencia de la facturación sanitaria y farmacológica que acumula la población desplazada. Hay convenios firmados entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad para pagar estas facturas a través del Fondo de Cohesión Sanitaria y acuerdos con los países de la UE para casos similares, pero las compensaciones no han sido suficientes. De hecho, los últimos datos dados a conocer por la Consejería de Sanidad revelan que la atención a usuarios de otras comunidades autónomas acumula un déficit que supera los 32 de millones de euros, mientras que el desfase por la facturación aplicada a ciudadanos de la UE supera los 15 millones de euros. También se contabiliza en este déficit el gasto generado por la asistencia sanitaria a la población inmigrante no empadronada, que ronda los 3 millones de euros.
Según los datos ofrecidos en los últimos años por el Ministerio de Sanidad, Canarias ha recibido una media de 3 millones de euros anuales como compensación por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros en estancia temporal en España. Sin embargo, la polémica ha rodeado siempre el Fondo de Cohesión Sanitaria, ya que las comunidades que reciben más turistas no están debidamente compensadas.
Según fuentes de la Consejería de Sanidad, la implantación de la receta electrónica supone un mayor control sobre los medicamentos que se recetan a la población foránea. Hasta ahora el control era escaso, según los colegios oficiales de médicos y los sindicatos de facultativos: maletas llenas de medicamentos para varios meses a cargo del Servicio Canario de Salud.
