El tercer capítulo de la querella presentada por el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía de Arrecife, Alejandro Diz Torres, contra la exjefa Superior de Policía de Canarias, Concepción de Vega, y el jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial de dicho cuerpo, Luis Carrión, vuelve a ser contrario a los intereses del querellante. La Audiencia Provincial ha desestimado la apelación que Diz interpuso ante la anterior decisión de no darle la razón en el recurso de reforma que presentó al no admitirse a trámite la querella inicial.
El inspector lanzaroteño se querelló contra Concepción de Vega por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al entender que había mediado para permitir que siguiera viviendo en España una ciudadana rusa emparentada con un político socialista canario. A Luis Carrión, por su parte, le atribuyó una presunta falsedad en documento oficial.
El tribunal, presidido por Miguel Ángel Parramón y compuesto por los magistrados Pedro Herrera y Eugenia Cabello, da la razón al juez instructor que no admitió la querella "por entender que los hechos relatados en las misma no tienen cabida dentro de las figuras delictivas referidas por el querellante", según reza el auto, fechado el pasado 8 de junio.
Además, dejan constancia de que la figur del cohecho "no viene contemplada en la querella, sino que es añadida posteriormente, cuando se recurre el auto dictado".
Los integrantes del tribunal, en el que ejerció como ponente Pedro Herrera, tampoco obviaron referirse a la acusación que Diz realizó contra su entonces superiora por el presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. "Resulta inconcebible que el interés que la querellada pudiera haber mostrado respecto a la situación de la ciudadana rusa tuviese como fin el de favorecer su permanencia en España al margen de la legalidad vigente", señalan en el auto.
Además de mantener la decisión de no admitir a trámite la querella, tal como ya hicieran el juez instructor y el fiscal Antonio López en los dos intentos anteriores, la sala resolvió imponer el pago de las costas a Alejandro Diz.
