El Ejecutivo regional dio ayer un paso más en la iniciativa de primar a las empresas que contraten a parados residentes en Canarias. El Consejo de Gobierno aprobó una instrucción para que todas las consejerías establezcan en los pliegos de condiciones para la contratación de obras y servicios una baremación que favorezca en la puntuación a las empresas que contraten a personas en riesgo de exclusión social. A partir de ahora será una comisión multilateral de representantes de las consejerías de Hacienda, Presidencia y aquella que promueva el contrato la encargada de definir y homologar las condiciones de su aplicación.
El presidente Rivero insistió en que este tipo de medidas, pese a que el PSOE y el PP siempre se oponen a ellas, están amparadas por la doctrina del Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas, que autorizan a aplicarlas en áreas de especiales dificultades, como es el caso de Canarias. Rivero admitió que se trata de medidas que se aplican mientras duren las especiales dificultades por las que atraviesa la situación económica en Canarias y reconoció que mientras gobernó con el PP se encontró con obstáculos para poner en marcha la iniciativa.
Por otro lado, Rivero recordó a los empresarios que la gran mayoría de las iniciativas adoptadas por el Ejecutivo favorecen a las empresas, por lo que no entiende las quejas de los empresas sobre la escasez de medidas favorables a las sociedades isleñas. Según Rivero, el Ejecutivo "establece el marco" y deben ser los empresarios los que "arrimen el hombro" para ayudar a conseguir el objetivo de reducir las tasas de paro. "No hay razones ahora para estar en la incertidumbre", reprochó Rivero a los empresarios del sector turístico, ya que los indicadores económicos son favorables y el año 2010 acabó con el mayor crecimiento del Producto Interior Bruto después de Navarra.
Para Rivero, "debemos dar servicios de calidad y para ello debemos contar con plantillas dimensionadas al incremento de la demanda turística que se ha producido desde finales del pasado año".
