El consejero Fernando Bañolas puso ayer fin a una maraña a la que se ponía foco justo el mismo día que el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, anunciaba la decisión de su partido de poner fin al pacto de gobierno con Coalición Canaria.
El mismo 19 de octubre de 2010, la Consejería de Sanidad, cuya titular era Mercedes Roldós, publicaba la adjudicación provisional del concurso para los servicios de hemodiálisis de los hospitales Doctor Negrín y José Molina Orosa a favor de Lifeblood, una sociedad limitada adquirida siete días después de que se publicara el concurso en el Boletín Oficial de Canarias al mismo vivero que creó varias de las utilizadas en el entramado del caso Gürtel y cuyo objeto social respondía hasta entonces a la compraventa de inmuebles.
El concurso -dotado con 31,4 millones de euros entre 2010 y 2014 y 124, 7 con la prórroga del contrato durante un máximo de 15 años- es el más importante de cuantos ha convocado Sanidad en toda su historia. Y es también el segundo en el que se dilucidaba una prestación de carácter fundamental para la Comunidad que el Gobierno se ha visto en la obligación de anular. El primero fue la adjudicación de la potencia eólica en 2005.
Como entonces, en aquella ocasión las sospechas sobre irregularidades sobrevuelan el expediente. La magistrada que investiga el caso Lifeblood, Victoria Rosell, sospecha que la sociedad de Jorcano "contó presuntamente con información privilegiada", según el auto dictado la semana pasada. Rosell aprecia indicios de cuatro delitos: tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y malversación.
Buena parte de las sospechas están centradas en la actuación de un hombre: Javier Artiles. Éste era hasta noviembre asesor externo como jurista de la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad así como del Servicio Canario de la Salud, ambas dependientes de Sanidad. Y al tiempo adjudicatario de los centros satélites para diálisis del Hospital Insular de Gran Canaria y del de Fuerteventura, como propietario de Avericum. Pero también, en un doble juego que quedó al descubierto con la investigación del caso puesto en marcha por Bañolas, apoderado de la actual concesionaria del servicio y una de las empresas que pujaban por el mismo: RTS-Baxter (la tercera en discordia era Braun Avitum).
Aunque en el Registro Mercantil es Javier Jorcano quien aparece como administrador único -responsable de la inmobiliaria Inprocansa, en el origen caso Canódromo- es Artiles el que negocia con las entidades bancarias el aval necesario para asumir la adjudicación, meses antes de que esta se produjera.
Las bases
Sobre él recaen las sospechas de que pudiera haber maniobrado para que se modificaran las bases del concurso, de forma que pudiera concurrir una empresa sin experiencia y que se valoraran de forma inusual los criterios subjetivos. En esto podría haber tenido especial implicación la recién jubilada jefa del Servicio de Nefrología del Doctor Negrín. Leocadia Palop, conocida de Artiles, que fue la encargada de redactar los criterios técnicos y luego baremarlos en la mesa técnica.
De hecho, los servicios jurídicos, tras la revisión a la que obligó un recurso presentado por Baxter, detectaron arbitrariedad en la evaluación de la especialista y fue la base para que la Consejería, el diciembre pasado, decidiera retrotraer el concurso.
El caso se enreda aún más cuando Palop admite en una entrevista en televisión que en un concurso anterior fue objeto de intento de soborno. Es entonces cuando Rosell actúa de oficio y abre una investigación que la pasada semana quedó sobreseída en lo que a Palop respecta. No así en caso Lifeblood cuyo expediente ha reclamado el Fiscal Anticorrupción en Madrid.
Este carpetazo es el fin también a la lucha para su anulación que en paralelo ha mantenido el PSC en el Parlamento. Su secretario general, José Miguel Pérez, lo celebraba ayer con un "¡ya era hora!"
