El forcejeo entre el Gobierno central y los sindicatos por la reforma del sistema de pensiones de los funcionarios de la enseñanza provocó ayer que las centrales sindicales anunciaran que el Ejecutivo retiraba su propuesta gracias a sus presiones, mientras que el Ministerio de Administración Pública matizaba que no se trataba de una renuncia, sino de un aplazamiento de la negociación, pero que mantiene su propuesta. El cambio del régimen de clases pasivas al Régimen General de la Seguridad Social supone alargar la edad de jubilación a unos 20.000 docentes canarios hasta los 67 años y eliminar la jubilación anticipada a los 60 años con 30 de cotización.
El coordinador de Enseñanza de CC OO en Canarias, José Ramón Barroso, advierte que el Ejecutivo "se ha empeñado en reformar un sistema sin saber exactamente a cuántos docentes va a afectar". Barroso ha estado presente en las negociaciones con la Administración central y explica que en 2024, año de entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años, "más del 80 % de los maestros y profesores incluidos en el régimen de clases pasivas ya se habrá jubilado, por lo que la repercusión será escasa, así que hemos propuesto que no vale la pena cambiar algo que se extinguirá solo".
Y es que desde el 1 de enero de este año los nuevos funcionarios de carrera entran en el Régimen General de la Seguridad Social con todas las consecuencia, por lo que el régimen de clases pasivas sólo permanecerá para aquellos empleados públicos que hayan entrado con anterioridad. De esta forma, muchos de ellos tienen edad suficiente para jubilarse con el actual sistema antes del año 2024.
Barroso explica que el Gobierno "se ha empeñado en reformar un sistema que supone cambiar las condiciones de 700.000 funcionarios sin que se puedan beneficiar ni de un régimen ni de otro, ya que les obligan a alargar la vida laboral o a penalizarlos si se jubilan antes, por lo que cobrarían menos pensión que en las condiciones actuales", advierte el dirigente sindical.
Suspensión
La Secretaría de Estado para la Función Pública suspendió ayer la reunión que había convocado con UGT, CC OO y CSI-CSIF para tratar el anteproyecto de Ley de armonización del régimen de clases pasivas al régimen general y que contemplaba la elevación de la edad de jubilación a los 67 años para cerca de 650.000 empleados de la Administración General del Estado (AGE), entre ellos los docentes y empleados de la Administración de Justicia.
Las tres centrales sindicales mostraron su satisfacción por la retirada de la propuesta y la apertura de un periodo de "reflexión" por parte del Gobierno para seguir negociando. Sin embargo, las afirmaciones sindicales fueron contestadas por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública advirtiendo que mantiene la propuesta presentada a los sindicatos de la función pública para modificar el sistema de pensiones del régimen de clases pasivas y explica que se ha abierto un periodo de reflexión "para ver cómo avanzar".
Fuentes del Ministerio explicaron a Efe que "no se ha retirado ningún documento", en contra de lo manifestado por las organizaciones sindicales. Las mismas fuentes señalaron que el proceso de negociación sigue en marcha, aunque de momento no se ha fijado fecha para próximas reuniones.
