El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, admitió anoche en el transcurso del programa de Televisión Española en Canarias 59 segundos que el juez instructor del caso Unión tramita la causa fuera del sistema informático Atlante II, dependiente del Gobierno de Canarias. "Por lo que tengo entendido es así; los motivos no me los ha dicho", explicó el fiscal durante la entrevista efectuada por seis periodistas en la televisión pública estatal.

El magistrado instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, investiga en esta causa en Lanzarote la mayor trama de corrupción descubierta hasta ahora en Canarias, y en la que está implicada la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, que es la hermana de la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, que también tuvo que prestar declaración en el procedimiento judicial en calidad de testigo.

El mismo juez, que al parecer mantiene la investigación guardada en un disco duro y al margen del sistema informático controlado por el Gobierno de Canarias, ha abierto además una pieza separada para investigar posibles filtraciones de actuaciones que tenía previsto llevar a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Precisamente se investiga si alguien adelantó a María Isabel Déniz que iba a ser detenida, acto que se produjo en abril del pasado año.

Al respecto, Luis del Río manifestó en 59 segundos que desconoce los motivos que han llevado al juez César Romero Pamparacuatro a sacar del sistema informático del procedimiento, pero efectivamente "existe una causa penal abierta investigando filtraciones".

No es el único que juez que investiga un caso fuera de Atlante II. Precisamente la magistrada Victoria Rosell, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, dictó un auto a principios del mes de enero del presente año en el que acordaba realizar todas las actuaciones relacionadas con el caso Lifeblood fuera del sistema informático. En este asunto se investigan irregularidades en la adjudicación de un contrato público en el ámbito de la Consejería de Sanidad, también del Gobierno canario.