El Servicio Canario de Salud (SCS) debe hacer frente cada año al pago de aproximadamente cuatro millones de euros por indemnizaciones derivadas de errores médicos. Aunque la cantidad se mantiene invariable desde hace años no así el número de demandantes, que crece en la medida en que los ciudadanos han ido tomando conciencia de que tienen derecho a reclamar. "Ya nadie se resigna", apunta el abogado Pedro Torres, especialista en interponer demandas por responsabilidad patrimonial a la administración sanitaria ante los tribunales de lo Contencioso y que, como muchos otros de sus compañeros, asegura que cada año se cuentan por "decenas" los casos que llegan a sus despachos.

Con todo, señala la presidenta de la Asociación el Defensor del Paciente, Carmen Flores, "a los canarios les sigue costando mucho reclamar. Ese miedo hace que aunque la cantidad que paga la sanidad canaria en sentencias es importante no es, sin embargo, significativa". Los 14,1 millones que ha debido desembolsar el Ejecutivo regional entre 2007 y 2010 se quedan cortos al lado de la veintena que pagan en una legislatura comunidades como Madrid o Andalucía, ambas a la cabeza del país en número de denuncias por negligencias médicas, según la Memoria de 2010 de la Asociación.

Desde la Consejería de Sanidad se insiste en que, como ya hiciera su titular esta semana en el Parlamento, la cantidad "es razonable". Fernando Bañolas subraya que esas 111 sentencias "perdidas en los tribunales" son insignificantes comparadas con los 80 millones de consultas o el más de medio millón de intervenciones quirúrgicas que se realizaron durante el mismo periodo.

Sea como fuere, lo cierto es que la mayoría de las reclamaciones, por lo que la propia Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas califica de "mal funcionamiento de los servicios públicos", son consecuencia de: errores de diagnóstico, omisión o equivocación en los tratamientos, o descuidos en el procedimiento del consentimiento informado. Una causa, esta última, señala Pedro Torres, que es cada vez más frecuente.

Consentimiento informado

"No dar u omitir toda la información a un paciente da lugar a reclamaciones porque, por ejemplo, no se explica las consecuencias que puede acarrear una intervención que en principio puede ser rutinaria pero que puede acabar en muerte o que la colocación de una prótesis no garantiza el cien por cien de la movilidad", señala el abogado.

Torres pone como ejemplos algunos casos ganados en los tribunales: una señora que se operó de un quiste benigno con resultado de muerte, "a la que nadie le explicó, a ella o a su familia, que podía haber complicaciones", dice; una señora que tras años esperando a ser intervenida de varices en una pierna en la mesa de operaciones le operaron las dos sin su autorización; una radiografía mal hecha que motivó un mal diagnóstico y en consecuencia un proceso de curación más largo de lo necesario en una mano rota.

Otro ejemplo relacionado con la omisión de tratamiento es el de un señor diagnosticado de cáncer al que no se le empezó a medicar hasta seis meses después pese que el especialista instó a que fuera "urgente".

El abogado en Canarias del Defensor del Paciente, Juan Antonio Betes, asegura que en la mayoría de los casos son fallos de protocolo médico bien por falta de personal, de sobrecarga de trabajo o por carencia de medios, "en los centros públicos pero en una gran parte en los concertados", acuerda también Torres.

No obstante, las indemnizaciones nunca son instantáneas, advierten los letrados. Es una proceso de años. De hecho, buena parte de las 111 sentencias abonadas en esta legislatura corresponden a casos de 2002 y 2003.