El repunte migratorio que vive Canarias ha provocado a lo largo de septiembre escenas lamentables como la de centenares de personas hacinadas en el muelle de Arguineguín, donde a día de hoy todavía permanecen más de 200 africanos llegados en las últimas 13 pateras. Un lugar en el que las condiciones no pueden calificarse sino de indignas ya que hombres, mujeres, bebés y niños pequeños viven en carpas, su higiene depende de duchas portátiles y baños químicos, y duermen colchonetas sobre el suelo a veces a 40 grados de temperatura. A pesar de que la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, aseguraba el lunes que se había actuado con rapidez y eficacia a la hora de trasladar a centenares de estas personas a hoteles de la Isla -una operación que tardó dos semanas en realizarse-, las pateras no dejan de llegar -entre el lunes y ayer llegaron 16 embarcaciones con 240 personas- y el Estado no ofrece soluciones para su acogida. En este complicado contexto, el Gobierno central tuerce su mirada a otras instituciones y señala que es la complejidad administrativa la que le impide ofrecer soluciones alojativas para estos africanos que se juegan la vida en el mar. Trabas burocráticas, problemas con el uso del suelo y discrepancias con las corporaciones canarias son algunos de los motivos que alegan para no encontrar espacios adecuados.
Sin embargo, desde el propio Estado tampoco se mueve ficha. El área de Defensa ya se ha desmarcado al rechazar la posibilidad de que los cuarteles militares en desuso sirvan para dar techo a estas personas, mientras que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura y Gran Canaria continúan cerrados. En el caso de esta última isla, Madrid estudia abrir Barranco Seco como un espacio de acogida ante el repunte migratorio, que ya ha experimentado un crecimiento del 575% con respecto al año anterior, pues sólo en la primera quincena de septiembre se ha atendido a casi tantas personas como en los tres primeros trimestres de 2019.
Un cierre de lo CIE que no entiende el exdelegado del Gobierno en Canarias y actual director general de Casa África, José Segura, que ayer -en la comisión parlamentaria en la que dio cuenta de la actividad de esta institución- mostraba su extrañeza por el abandono al que se ha sometido a estos enclaves, "que en los últimos diez años se han ido oxidando y debilitando", de ahí que entienda el "desasosiego" de la Delegación del Gobierno para dar atención a los migrantes pues "le han quitado de las manos los instrumentos".
Tampoco los partidos en la oposición entienden que Madrid no actúe. Para el secretario insular de Coalición Canaria-PNC en Fuerteventura, Mario Cabrera, el traslado de migrantes a hoteles "debe ser una solución temporal y de emergencia" y no "una excusa para que el Estado se desentienda" y tampoco para ocultar "la falta de diligencia o interés para generar una red de acogida en las infraestructuras estatales en desuso, con el fin de evitar que en Canarias se repita lo mismo que en Grecia".
Mientras tanto, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, sigue sin concretar cuándo vendrá a Canarias para conocer en persona este grave problema humanitario. Su apretada agenda fue el motivo que se alegó la semana pasada para justificar que no viniese al Archipiélago -tal y como había anunciado el Ejecutivo regional-, basándose en que al ser responsable también del área de Seguridad Social, se encuentra en plena vorágine con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), entre otros temas que protagonizan el diálogo social. Sin embargo, la agenda pública de Escrivá desde el pasado viernes 11 de septiembre -la semana en la que tenía previsto venir- y el lunes 14 tan sólo recoge dos entrevistas en radio y otra en televisión. De ahí, probablemente, el profundo malestar que manifestó el presidente regional, Ángel Víctor Torres, tras conocer que Escrivá ni está ni se les espera en Canarias.
