Unidad de acción ante la Unión Europea y el Gobierno central para mantener el Estado del Bienestar. El plan de reactivación económica y social de Canarias que ultima el Ejecutivo regional defiende el acuerdo alcanzado durante las negociaciones del pacto que se firmó el pasado 30 de mayo, Día de Canarias, y da alas al frente común que en los últimos días han reiterado las organizaciones empresariales de las Islas para que todos los diputados y senadores canarios demanden en las Cortes los fondos públicos que necesita Canarias para salir de la grave crisis provocada por la pandemia del Covid-19. El plan, que concreta el pacto, eleva a 5.725,7 millones de euros la inversión en cuatro años para el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, ayudar a la población más vulnerable y, sobre todo, para que los sectores económicos se refuercen ante el hundimiento de la actividad.
La aplicación del plan requiere necesariamente que haya nuevos presupuestos del Estado en 2021 y que los fondos para la recuperación aprobados por Bruselas lleguen a las Islas. El propio documento reconoce que a partir de 2021 los siete bloques prioritarios y los ejes de actuación del Plan Reactiva Canarias dependerán en gran medida de que el Gobierno central logre aprobar unos nuevos presupuestos estatales. De esta manera, se dejarán atrás las cuentas prorrogadas desde 2018, que, entre otras cosas, han impedido desarrollar documentos clave para las Islas como los nuevos REF y Estatuto de Autonomía, a pesar de contar con 1.399 millones para aspectos económicos dentro de ese régimen especial y de 750 adicionales para gastos corrientes y de capital. Las cuentas del Estado son vitales para las Islas, pero la Comunidad Autónoma tendrá que seguir esperando por la concreción de las mismas ante el inestable panorama de la política española, hasta el punto de que 2021 arrancará en enero con la tercera prórroga consecutiva de los presupuestos de 2018 debido a la demora en el calendario de su elaboración, ya que ni siquiera se ha aprobado el techo de gasto y la senda del déficit que deberá remitirse a Bruselas.
El Ejecutivo admite que hacen falta nuevas cuentas del Estado para poder aplicar el plan
También serán esenciales los fondos europeos, tanto los que le corresponden a Canarias por su condición de región ultraperiférica (RUP) como los aprobados en el marco de los recursos del proyecto de la UE Next Generation (se aspira a un global de hasta 3.750 millones) y con los fondos estructurales europeos de los periodos 2014-20 y 2021-27.
El Ejecutivo pretende que el plan de reactivación no solo recupere a las Islas de la crisis del Covid-19, sino también aprovechar la disposición de la nueva financiación para que los distintos sectores económicos salgan más reforzados y reorientados hacia la sostenibilidad con la aplicación de la Agenda 2030 y con el máximo desarrollo legal del Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal (REF), ambos reformados en 2018 y que apenas se han desarrollado por el bloqueo político del Estado y la prórroga presupuestaria durante dos años consecutivos.
El jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, busca un plan que sea lo más consensuado posible y además urgente, realista, eficaz, adaptable, fiscalizable y con fichas financieras concretas para todos sus ejes, actuaciones y medidas. Por ello aboga por la unidad de acción como ya se hizo desde que se inició la pandemia en marzo y cuando se firmó el pacto por la reactivación en mayo. El documento está ultimado por el Ejecutivo a la espera de posibles aportaciones de las organizaciones cofirmantes del pacto pero, en cualquier caso, Torres se compromete a ir de la mano de empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y partidos para reivindicar ante Madrid y Bruselas las inversiones que demanda el Archipiélago. Para el control y seguimiento del plan se incluyen mecanismos pormenorizados de fiscalización de su cumplimiento por parte de los firmantes.
En la ficha financiera el plan distingue los 1.425 millones de euros que se van a invertir en este ejercicio, cuantía que está asegurada con los fondos que han ido llegando del Estado para luchar contra la pandemia, de las inversiones que se pretenden realizar entre 2021 y 2023 porque éstas se irán concretando una vez que haya nuevos presupuestos del Estado y que vayan llegando los fondos europeos. En las medidas impulsadas este año el impulso de la actividad económica supone, según la información facilitada ayer tras el Consejo de Gobierno, 547,3 millones de euros, mientras que el mantenimiento de los servicios públicos esenciales van a suponer un gasto de 424,7 millones de euros.
De los 1.425 millones de este año, 938 millones proceden del Estado a través del fondo Covid aprobado por el Gobierno central y la autorización del uso del superávit de la Comunidad Autónoma de ejercicios anteriores. El Ejecutivo regional se ha visto obligado a reajustar más de 400 millones del presupuesto vigente para destinarlos a la emergencia sanitaria y económica.
Previsión hasta 2023
Cuando quedan poco más de tres meses para finalizar el año, el objetivo primordial es lograr cumplir las previsiones del plan hasta 2023 ya que se requieren un mínimo de 4.300 millones de euros para que Canarias salga del atolladero que ha supuesto la crisis derivada del coronavirus. Sin embargo, se trata de una cifra modificable porque aún deben confirmarse presupuestos a distintas escalas, tanto los de la Comunidad Autónoma como los del Estado, existen incertidumbres sobre los ingresos tributarios y su evolución en los próximos años y el plan seguirá estando abierto y adaptable a la evolución socioeconómica y sanitaria de la pandemia.
En este sentido, la prioridad presupuestaria está centrada en la economía y en el empleo, según contempla el documento. De hecho, el impulso de la actividad económica absorbe más de 2.000 millones de euros, mientras que otros 741 millones irán destinados a políticas de empleo y formación.
El Ejecutivo admite que hacen falta nuevas cuentas del Estado para poder aplicar el plan
Todo pasa en los tres próximos años por al menos mantener e incluso incrementar la capacidad asistencial de la sanidad pública de las Islas y la estabilidad laboral de sus trabajadores, elementos fundamentales para hacer frente a la crisis sanitaria. Por ello se pretende mejorar los hospitales, garantizar corredores seguros del coronavirus, potenciar la atención primaria, las urgencias, la detección precoz, la vigilancia epidemiológica, la investigación (en coordinación con las universidades canarias) y las nuevas tecnologías, entre otras medidas.
Unos de los retos a los que se enfrenta ahora el cuatripartito es el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2019, y que lleva un retraso considerable en su aplicación y cumplimiento. Fortalecer los servicios sociosanitarios y aligerar a los hospitales de enfermos crónicos, potenciando los centros para mayores, son objetivos prioritarios en este marco de fortalecimiento de los servicios públicos.
También en el ámbito social, el Ejecutivo quiere acelerar la gestión de la renta canaria de ciudadanía, con el fin de mantener el calendario que se había propuesto inicialmente para que la ley que la regula entre en el Parlamento antes de finalizar el año. La renta estará reforzada por el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno central y que supondrá 180 millones de euros anuales para las familias más vulnerables de las Islas. En el ámbito educativo reducir la brecha digital y incrementar el apoyo a la educación de 0 a 3 años y en el ámbito de la construcción el incremento del parque de viviendas públicas y más ayudas a las familias con menos recursos son otros objetivos esenciales del programa analizado ayer por el Consejo de Gobierno.
Pero sin duda alguna es la economía y el empleo el principal centro de atención para los próximos años y ahí tanto el Ejecutivo como las organizaciones empresariales, sindicales, administraciones públicas y partidos políticos están al unísono para evitar una quiebra social por el cierre de empresas y el incremento del desempleo. Un elemento imprescindible sigue siendo que se mantengan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) mientras la situación lo requiera, adaptados a la recuperación de la actividad productiva y sin merma de ingresos para los trabajadores, beneficiándose no solo el sector turístico, sino además el resto de actividades vinculadas y otras afectadas por el virus. El documento recoge que entre abril y agosto esta medida tomada desde el principio de la pandemia por el Gobierno central ha supuesto un desembolso en las Islas de 1.188 millones para ayudar a empresas y trabajadores. A esa cifra hay que añadir otros 80 millones destinados a los autónomos.
Los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) sigue siendo un elemento irrenunciable para el Gobierno regional ante la situación en la que puede quedar el mercado laboral de las Islas, por lo que los presupuesto del Estado de 2021 y sucesivos deben recoger esta partida. Además de las líneas de crédito ICO (que han aportado a empresas de Canarias 3.600 millones hasta agosto) y del Banco Europeo de Inversiones, se pretende reforzar mecanismos regionales como la Sociedad de Garantía Recíproca de Canarias (AvalCanarias) o la Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan). En este ejercicio se incluyen 180 millones para ayudas a empresas y 66 a autónomos.
En el marco de la economía el turismo y su recuperación y modernización son esenciales. En el proyecto Canarias Fortaleza se apuesta por promocionar nuevos productos en ese ámbito clave, por apoyar al máximo las inversiones, adaptar los espacios públicos y privados a las nuevas tecnologías y energías limpias, reforzar la conectividad y garantizar la máxima seguridad sanitaria.
El Consejo de Gobierno de Canarias dejó ayer ultimado el plan de reactivación a la espera de que los grupos parlamentarios y agentes económicos y sociales firmantes añadan sus últimas propuestas y sea remitido en los próximos días al Parlamento. Así lo explicó en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. El planteamiento inicial es que sea aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 1 de octubre para luego ser debatido en la Cámara autonómica en el pleno del día 27.
Líneas maestras
Pérez comentó que las líneas maestras del documento pasan por el mantenimiento y refuerzo de los servicios básicos para luchar contra la pandemia de coronavirus y la recuperación de la economía a través de su transformación hacia la digitalización y sostenibilidad, siguiendo la filosofía del fondo de reconstrucción comunitario. Además, llevará al máximo las posibilidades del REF y el Estatuto de Autonomía con el fin de revitalizar la economía isleña.
El documento del pacto firmado el 30 de mayo se articula en torno a siete ejes: mantenimiento de los servicios públicos fundamentales; el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias; la atención y apoyo a las personas vulnerables; la recuperación del empleo; el impulso de la actividad económica; la agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa y el impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. El presidente Torres logró aunar en torno al mismo a las dos patronales canarias, los dos sindicatos mayoritarios, cabildos, ayuntamientos, representantes del tercer sector y cinco de los siete partidos con representación en el Parlamento regional. Mientras Coalición Canaria se adhirió al pacto aunque ciertas reticencias, tanto el PP como Ciudadanos se negaron a firmar el mismo al considerar que el acuerdo es solo una declaración de intenciones.
Manrique: “La gestión del presidente es eficiente”
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, apela al mismo consenso que supuso aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal (REF) en 2018 para defender las medidas y fondos que necesita Canarias para recuperar la actividad económicas de las Islas como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Manrique cree que desde el inicio de la crisis el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, ha realizado una gestión “eficiente” por haber sido capaz de sentar en la mesa a los agentes económicos y sociales y a los partidos del Gobierno y de la oposición. En su opinión, otras comunidades, en referencia a Cataluña, hacen sus peticiones “saliéndose del marco constitucional” algo que no se hace en Canarias. Lo que demanda la patronal de Las Palmas es que el frente común de las Islas es para que se cumpla el marco constitucional, los fueros canarios y el Estatuto, respetando la condición de región ultraperiférica para dar a Canarias un trato diferencial en las leyes y medidas que se aprueben para mitigar los efectos de la pandemia. Manrique recuerda que lo que puede ser válido para el territorio peninsular no lo es para una región como Canarias. | R.A.D.
Más acuerdos del Gobierno
- Economía_ Ley de Cooperativas: El Consejo de Gobierno de Canarias se pronunció ayer a favor de la oportunidad, objetivos y principios generales del anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias. El texto legislativo presenta como principal objetivo el fomento de la creación de cooperativas, la consolidación de la actividad en las existentes y, en último término, la generación de empleo de calidad y con estabilidad. En el primer trimestre del año 2020, Canarias contabilizó 225 cooperativas (102 sociedades en Las Palmas y 123 en Santa Cruz de Tenerife) inscritas en la Seguridad Social, con un total de 4.820 personas trabajadoras (1.538 en la provincia oriental y 3.223 en la demarcación occidental), por lo que las Islas se sitúan como decimosegunda comunidad en este ranking mejorando las cifras de Asturias, Baleares, Cantabria y La Rioja.
- Administración pública_ Sede electrónica: El Ejecutivo toma en consideración el proyecto de decreto por el que se modifica la regulación del uso de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Se busca la creación de una sede electrónica única del Gobierno de Canarias con el objetivo último de mejorar los servicios prestados a la ciudadanía en el entorno digital. La nueva sede electrónica se denominará Sede Electrónica Única del Gobierno de Canarias y se alojará, previsiblemente, en el enlace https://sede.gobiernodecanarias.org, de manera que se alinea con el dominio principal del Gobierno de Canarias. Hasta ahora existe una sede electrónica por Consejería, además de otras de los organismos autónomos.
- Sanidad_ Gasto farmacéutico: El gasto en recetas de farmacia del Servicio Canario de la Salud (SCS) en agosto ascendió a 48,3 millones de euros. Se trata de una cifra que incluye, además de la factura en medicamentos, el gasto en productos dietoterápicos y el importe resultante de la eliminación del copago a los usuarios sanitarios residentes en Canarias con rentas inferiores a 18.000 euros, que representaron 2,8 millones en esa mensualidad.
- Sanidad_Contrato de limpieza: El Consejo de Gobierno de Canarias autoriza a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 6,6 millones para prorrogar el contrato del servicio de limpieza en los centros sanitarios y dependencias administrativas que el SCS tiene suscrito con Clece, SA. Afecta a cuatro de sus lotes, los correspondientes al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil y al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. También se incluye al Hospital General de La Palma, centros de Atención Primaria de esa isla y las direcciones de áreas de salud de Gran Canaria y Tenerife.
