La petición al Estado de que habilite espacios adecuados para la atención de inmigrantes, refuerce los sistemas de vigilancia (SIVE) para detectar embarcaciones cerca de las costas canarias e incentive los acuerdos de colaboración con los países emisores –como Marruecos, Mauritania, Senegal o Argelia– para impedir o limitar la salida de pateras son solo algunas de las propuestas que recoge la moción presentada por el grupo Unidos por Gran Canaria-CC para ser debatida en el pleno del Cabildo grancanario del próximo viernes.
Para el grupo liderado por José Miguel Bravo de Laguna la situación de la inmigración ilegal “es dramática y exige pronunciamientos claros y contundentes”. En la exposición de motivos sostiene que debido al repunte de la llegada de cayucos se está “produciendo una emergencia social” debido a que “no hay instalaciones adecuadas para un trato humanitario”. En la moción, con la que confían lograr la unanimidad del pleno, plantean también solicitar a las corporaciones locales y al propio Cabildo la cesión de terrenos o instalaciones que puedan dar una “respuesta temporal” a la problemática surgida por la ausencia de una red de acogida de inmigrantes irregulares. El grupo pide, a su vez, que se prohíba o desaconseje que se utilicen centros escolares, turísticos o viviendas o locales de uso residencial o habitacional, “cuyas licencias municipales se otorgan para un uso bien distinto”.
La moción también contempla la elaboración de “un verdadero programa de reubicación, traslado y reintegro” de inmigrantes con todas las fuerzas políticas y sectores económicos y sociales más representativos, así como una especial atención a los menores extranjeros no acompañados (MENA).
