Canarias aprobará en octubre su plan de reactivación económica y social para cuatro años, hasta 2023, una iniciativa que también han desarrollado otras comunidades autónomas, aunque la mayoría han optado por ajustarse a este año y 2021. El Gobierno regional abandera el consenso y el horizonte plurianual como principales acicates de este plan, dotado con una inversión global de 5.725 millones de euros a la espera de que se concreten los presupuestos del Estado y los fondos europeos vinculados a la pandemia, un logro que está también en el haber de otras cuatro regiones. Baleares, Navarra, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Castilla-La Mancha han puesto en marcha potentes planes de reactivación, unos más consensuados que otros, en los que no solo se contempla mitigar los efectos inmediatos del Covid-19 sino también financiar medidas para un cambio del modelo productivo y económico a medio y largo plazo.
Cada comunidad ha ido poniendo en marcha planes propios para hacer frente a los efectos de la pandemia. Todas esperan por los nuevos presupuestos del Estado de 2021 y por los fondos extras aprobados por la UE para luchar contra la crisis económica y social, pero algunas como Canarias se han atrevido a planificar proyectos y programas más allá de 2021 pese a las incertidumbres. De hecho en los primeros documentos se barajó hasta 14.000 millones de financiación tanto pública como privada, cifra que finalmente ha quedado reducida a 5.725 millones de fondos públicos.
El plan de reactivación más ambicioso es el de Cataluña, con nada menos que 31.765 millones de euros con grandes proyectos con una ejecución de hasta 15 y 20 años. La Generalitat catalana va mucho más allá que luchar contra el Covid-19 y pretende una transformación profunda tanto económica como social de la comunidad. Solo para este año incluye 2.760 millones frente a los 1.425 millones de Canarias correspondientes a este ejercicio.
El programa más ambicioso es el de Cataluña, con 31.765 millones a dos décadas vista
Un plan de referencia para las Islas es el de Navarra, que se llama igual –Plan Reactivar Navarra– y tiene el mismo periodo de duración, es decir, entre 2020 y 2023. La principal diferencia radica en el enfoque que le dio el Gobierno navarro a su plan, ya que se trata de un documento más político en el que no hubo una labor previa de consenso con los agentes económicos y sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. Lo que sí hubo por parte del gobierno de la comunidad foral fue un proceso de participación ciudadana.
Aunque el plan de Navarra es de cuatro años como el de Canarias sí cuenta, como el de Cataluña, con una visión a medio y largo plazo para la transformación del modelo económico de la región mediante la digitalización, acelerar la transición ecológica, vertebrar el territorio de manera sostenible y promover la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Navarra es una de las comunidades punteras en la penetración de energías renovables.
El Ejecutivo de Torres presume de haberse adelantado a otras comunidades y ser el más avanzado en la ejecución de medidas desde que se inició el estado de alarma en marzo. Según las cifras facilitadas por Presidencia, hasta el momento se han ejecutado 40 medidas de las incluidas en el plan de reactivación correspondientes a este ejercicio mientras que otras 140 están en ejecución y otras 60 están aún pendientes de aplicarse. Se trata de medidas que se han iniciado en 2020 pero las habrá que culminarán en 2021.
Cada gobierno autonómico ofrece también sus avances y sus medidas. Hace unos días la presidenta de Baleares, Francina Armengol, explicó en el Parlamento balear sobre el pacto de reactivación económica, que fue impulsado en julio con 131 medidas, que se han puesto en marcha más de 90, lo que la presidenta del Govern subrayó como un “mensaje claro enviado a la ciudadanía”. “Quienes firmamos ese pacto hemos entendido que la situación es excepcional, que la crisis es de tal magnitud que requiere altura de miras, diálogo y capacidad de acuerdo”, aseveró.
Las Islas buscan un cambio del modelo productivo, un objetivo prioritario en otras regiones
Una comunidad que ha resuelto con un amplio consenso su estrategia para la recuperación económica es Aragón. Es más, el gobierno que preside Javier Lambán presume de haber sido la comunidad pionera en alcanzar un documento pactado por todas las fuerzas sociales, políticas y económicas de la región en un tiempo récord ya que se firmó el pasado 1 de junio y ya se está aplicando. Sin embargo, a diferencia de Canarias, se proponen 273 medidas para este año y 2021 a la espera de concretar los fondos públicos que llegarán a la comunidad procedentes de otras administraciones.
Acuerdo social
Frente a la fórmula de consenso amplio de Canarias, Aragón o Baleares, en Castilla-La Mancha se optó por negociar y alcanzar un acuerdo con los sindicatos y empresarios y no con los partidos políticos. El gobierno manchego extiende su plan hasta 2022 y se centra sobre todo en los trabajadores, los autónomos y las pymes con medidas extraordinarias de liquidez dirigidas a aliviar los costes de las empresas e impulsar los sectores más castigados por la pandemia como el turismo, el comercio, la industria y la artesanía.
Frente a estas comunidades, otras con más peso económico y poblacional como Andalucía, Valencia, País Vasco, Galicia o Madrid han quedado más rezagadas a la hora de elaborar un plan propio de reactivación económica, quedándose algunas de ellas en un pacto o medidas sin una estructura de proyectos e inversiones concretas a medio y largo plazo. Tanto el País Vasco como Galicia acaban de salir de un proceso electoral y están trabajando a marchas forzadas en una planificación más consolidada. Antes de las elecciones el presidente gallego, Núñez Feijóo, presentó un plan de 3.000 millones de euros en dos años que ahora tendrá que desarrollar tras ser reelegido, mientras que en Euskadi el lehendakari Urkullu había alcanzado un acuerdo con las diputaciones de Vizcaya, Donostia y Vitoria para pactar un plan, ya que estas entidades tienen un importante peso político y financiero en el País Vasco y cada una ha elaborado su propio plan de reactivación.
En la Comunidad de Madrid el gobierno regional aprobó un plan de 30 medidas pero sin alcanzar acuerdos ni consensos con los agentes económicos y sociales ni con otras organizaciones o partidos políticos. La grave situación de la pandemia en Madrid está centrando la atención en salir de la emergencia sanitaria, aunque entre los objetivos económicos figura la reducción de la burocracia, la venta de parcelas listas para edificar para impulsar la construcción o una importante inversión para ampliar la red del metro.
Otras comunidades, en este caso gobernadas por el PP, también acumulan retrasos en la consecución de sus planes de reactivación. Andalucía ha alcanzado un pacto con empresarios y sindicatos recientemente que aún no está con plurianualidades definidas, mientras de Murcia ha dado a conocer un plan pero con fondos propios de hasta 186 millones para este año y el que viene, pero sin desarrollar.
