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Gobierno, empresarios, sindicatos y partidos avanzan en el cierre del Plan Reactiva

Torres da una semana a los firmantes para que remitan sus aportaciones antes de enviar el texto al Parlamento

Gobierno, empresarios, sindicatos y partidos avanzan en el cierre del Plan Reactiva

Gobierno, empresarios, sindicatos y partidos avanzan en el cierre del Plan Reactiva

El Gobierno autonómico presentó ayer a partidos políticos, empresarios, sindicatos y organizaciones sociales el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Reactiva) hasta 2023 que ha elaborado durante los últimos cuatro meses. Les dio siete días para presentar sus propuestas de mejora, plazo que criticó por escaso el portavoz del Grupo Nacionalista (CC-PNC), José Miguel Barragán, por considerarlo escaso. Una de las escasas discrepancias que existieron durante el encuentro que mantuvieron en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife y que se prolongó por espacio de casi tres horas.

Barragán explicó que el Gobierno aprieta ahora el acelerador porque quiere tener firmado el pacto en octubre. “Ellos han tenido más de tres meses y ahora nos dan solo una semana”, criticó. No quiso por ello sembrar la discordia y anunció que su partido volverá a “hacer un esfuerzo”.

El tamaño del golpe económico y social que ha asestado el Covid-19, y el daño que genera a la ciudadanía en su conjunto es razón suficiente para que nadie quiera aparecer como dinamitador de un proyecto que contempla una ficha financiera de 5.726 millones de euros hasta el año 2023 para sacar al Archipiélago del pozo. Hasta la fecha solo Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) han puesto la proa a esta entente.

Otro nacionalista, pero, a día de hoy, de la orilla contraria, el portavoz en la Cámara regional de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, aplaudió que Barragán y sus compañeros de formación hayan puesto al servicio de la reconstrucción “sus muchos años de experiencia” al frente del Gobierno de las Islas; 25 años, los que van de 1993 a 2018. La cordialidad no exenta de fiscalización y petición de explicaciones preside estos encuentros.

Una de las variaciones que se barajan sobre el texto presentado ayer pasa por volver a colocar en lugar preeminente los 18.535 millones de euros que se estimaron como suma para la recuperación en la firma del pacto el pasado Día de Canarias. Esa fórmula parece satisfacer más a NC.

Todas las administraciones

Campos señaló que, por “generosidad y transparencia”, el Gobierno regional solo ha reflejado los esfuerzos presupuestarios adicionales –5.726 millones de euros– que realizará durante estos cuatro años (se incluye el presente) la Administración autonómica. En su opinión, sería deseable que se contemplaran “los esfuerzos del conjunto de las administraciones”, ya que cabildos y ayuntamientos también firman el pacto y Madrid también colabora de manera capital con, por ejemplo, el mantenimiento de los ERTE.

A su homóloga en la bancada Socialista, Nayra Alemán, la propuesta le pareció “una anécdota”, pero “asumible” por “práctica”, ya que no solo puede aportar “claridad”, sino que, apuntó con ironía, puede servir para “los partidos que no firmaron se sumen”.

En cualquier caso, muchas de las más de 280 medidas contempladas en los siete ejes que vertebran el plan para ejecutar en el periodo 2021-2023 dependen de fondos que han de llegar desde el Estado y la Unión Europea (UE). Cuando llegue ese dinero, “ se definirán con mayor detalle los proyectos para el año 2021”, concedió el viceconsejero de la Presidencia y hombre fuerte socialista para la economía en el Gobierno canario, Antonio Olivera.

Para que los 5.726 millones de euros lleguen es necesario que se concrete una mayoría en el Congreso de los Diputados capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Las actuales cuentas, aprobadas aún con Mariano Rajoy como presidente del país, están muy lejos de contemplar una situación de emergencia como la que ha generado el coronavirus. Ese entendimiento a varias bandas aparece aún lejano y ya se han incumplido plazos presupuestarios vitales como la misma aprobación del techo de gasto.

Además, queda aún por saber qué parte de los 140.000 millones de euros que la Unión Europea (UE) ha destinado a España llega a las Islas. No obstante, ninguno de los firmantes discute que estamos ante un documento vivo que habrá de modificarse en función de cómo evolucionen estas cuestiones e, incluso, la propia pandemia. Una comisión analizará cada tres meses el nivel de cumplimiento de las medidas que contempla, labor de gobernanza que se contempla con otro encuentro anula para la rendición de cuentas.

Otra cuestión a abordar antes de que el Gobierno de Ángel Víctor Torres remita el texto al Parlamento de Canarias es la condicionalidad que los sindicatos quieren colocar para el acceso de las empresas a las ayudas públicas. “No podemos sostener negocios privados con dinero público para que luego se despida a los trabajadores”, explicó el secretario general de CCOO-Canarias, Inocencio González.

El propio sindicalistas pretende, además –“no con mucho éxito”, reconoció–, que se compense la pérdida de poder adquisitivo que padecen los asalariados que están afectados por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

En cualquier caso, lo más urgente para González es devolver la economía a un nivel similar al que tenía antes de estallar la pandemia. Algo para lo que resultará vital devolver al turismo la posibilidad de mantenerse activo durante la temporada de invierno que arranca en unas semanas.

Precisamente a este capítulo, y sobre todo a la notable reducción de la tasa de contagiados, se dedicaron los primeros minutos de la reunión. Una noticia que celebró el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara. “Eso nos abre la vía a la reapertura”, expuso. Con un peso del 35% en el producto interior bruto (PIB), todas las miradas se depositan en la evolución de la actividad alojativa como paso necesario para recuperar el pulso económico.

Manrique de Lara celebró que exista un documento que sustente el camino a la normalidad del sector productivo. “Tenemos que seguir peleando para que lleguen los fondos para ejecutar los planes”, relató y a ello añadió la necesidad de que el sector público tramite con agilidad las iniciativas que se le presenten.

Público-privado

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, celebró la existencia de un amplio consenso en torno a “un plan perfectamente armado”. Sus principales aportaciones se circunscribieron a las “inversiones” y las “facilidades” que deben brindarse “para ejecutarlas”. Tanto él como Manrique de Lara señalaron que el sector público adopta las medidas necesarias para impulsar la actividad productiva, pero “son las empresas las que crean el empleo”, recaló el presidente de la patronal de la provincia de Las Palmas.

En contraposición al deseo de las patronales de reducir el tamaño del sector público, el portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Manuel Marrero, alertó de las carencias de personal en las administraciones. La ley de estabilidad financiera de 2021 obligo a reajustar no pocas plantillas públicas y “como resultado” existen “serios problemas para gestionar los presupuestos actuales. Si acaso se incrementan, consideramos que debe contratarse a más personal para atender las necesidades de la población”.

También advirtió de ello desde otro punto de vista su homólogo de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo. El también presidente del Cabildo de La Gomera acudió al sexto eje del Reactiva para incidir en la necesidad de contar con manos suficientes en las instituciones ante la avalancha de proyectos que habrán de tramitarse.

“Europa marca plazos y es muy importante que se dé contenido a los ejes con proyectos específicos”, resaltó. Esa es la única manera que tiene Bruselas de obtener la “certeza” de que existe gestión. “Todas las administraciones tenemos que estar dispuestas a responder y trabajar”, añadió.

En siete días todos los partidos, sindicatos, patronales, universidades, organizaciones sociales y el Tercer Sector tendrán que haber entregado sus aportaciones para que el Ejecutivo pueda tenerlas en cuenta a la hora de elaborar el texto que entrará en la Cámara.

 PLANES HASTA 2023


  • Fondos propios. La propuesta del Gobierno para el plan de reactivación establece dos planes diferenciados en función de la urgencia. El primero, para este mismo año, de algo más de 1.425 millones de euros elaborado para reforzar los servicios esenciales. Se ha echado mano -además de fondos propios a través de modificaciones de partidas presupuestarias- de los recursos extraordinarios aportados por el Estado de 14 millones para servicios sociales, 373 millones para compensar el incremento de gasto en sanidad, educación y transporte vinculado a la lucha contra la Covid-19, y 176 millones para compensar la merma de recaudación de tributos.


  • Incierta previsión. El proyecto del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres apunta para los proyectos de reactivación a partir del próximo año una serie de mecanismos de financiación que pueden estar disponibles en función del mayor o menos éxito en la obtención de los recursos. La ficha de financiación prevista para este periodo incierto sería de 4.825,7 millones para los que se esperarían ingresos del programa Next Generation EU, de los fondos estructurales europeos y de los Presupuestos Generales del Estado. Más de la mitad pues, estaría en al aire en estos momentos.

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