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Pleno del Parlamento regional

Los recortes o los ajustes planean sobre los próximos presupuestos canarios

Torres y Rodríguez garantizan que no va a haber merma en los servicios públicos, pese a las incógnitas de las cuentas estatales, el sistema de financiación y la regla de gasto

Los recortes o los ajustes planean sobre los próximos presupuestos canarios

Los recortes o los ajustes planean sobre los próximos presupuestos canarios

Recortes, ajustes o revaluación presupuestaria. Estas palabras sobrevolaron ayer el pleno del Parlamento canario ante las dudas que existen para financiar los presupuestos autonómicos en 2021 tanto por la pérdida de ingresos propios -en torno a 450 millones de euros- como por los fondos que deben recibirse del Estado y, especialmente, del sistema de financiación autonómica que supone el 70% de los recursos canarios. Si no se actualiza este sistema, como está dejando caer el Ministerio de Hacienda, las Islas perderían en torno a 600 millones. Y todo ello en un contexto en el que, sin mayoría parlamentaria, se retrasan los presupuestos estatales y puede hasta que se prorroguen. Ante ello, tanto el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, como el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, reclamaron a todas las fuerzas parlamentarias “unidad” frente al Gobierno central, en las Cortes Generales y la UE para hacer presión y conseguir una financiación adecuada en 2021 que dé respuesta a la crisis social y económica, y posibilite el mantenimiento de los servicios públicos.

Hacienda hará más presión ante el Estado pues parte de los fondos es una “decisión política”

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No obstante, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y Román Rodríguez aseguraron que no van a producirse recortes en los servicios públicos de Canarias el próximo año, si bien se obvió citar la posible congelación salarial que ya se empieza a plantear desde el Estado.

Casimiro Curbelo, cuyo partido es socio en el Gobierno canario, sí augura “muchos recortes” dada la situación actual derivada de la pandemia, algo que el grupo parlamentario socialista reduce a “ajustes”. Al respecto, el consejero de Hacienda tiene la impresión de que no necesitan los presupuestos del Estado para realizar las cuentas canarias que deben responder a una nueva realidad derivada del Covid.

Cuentan, asegura, con los 500 millones estatales de la sentencia de carreteras para destinarlos a servicios públicos, y queda por delante la negociación del sistema de financiación autonómica, que se iba a producir en septiembre y aún no se ha realizado, precisa Román Rodríguez dando un tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez. Además, se ha de definir el objetivo de déficit y la regla de gasto, y están pendientes de saber los recursos de reconstrucción provenientes de la UE y que se tengan en cuenta las especificidades canarias contempladas en el REF y el Estatuto de Autonomía. Pero, pese a estar a ciegas sobre estos fondos, el Gobierno canario no va a prorrogar sus presupuestos sino a seguir adelante con la elaboración de las cuentas en tiempo y forma, sentenció Rodríguez en su comparecencia parlamentaria. A su juicio, existen condiciones para revertir esta situación si la “unidad” se impone “y si logramos con fuerza que el Estado y la UE hagan justicia con nuestro REF y el Estatuto de Autonomía”, se consiga actualizar el sistema de financiación y, si puede ser, salgan adelante los presupuestos estatales.

Curbelo cree que habrá que meter la tijera y reclama unidad de acción ante Madrid y la UE

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Si no fuera así habría dificultades y se tendría que “revaluar el calendario” pero insiste en que esas incógnitas pendientes “son resolubles, porque establecer las reglas fiscales no cuesta dinero pues es una decisión política”, y sobre la financiación autonómica o se actualiza con deuda pública estatal o se autoriza a las comunidades autónomas a endeudarse, sentencia.

Curbelo insiste en que la unidad de acción en defensa de Canarias ante el Estado y la UE debe ser primordial y expone que la aprobación de los presupuestos canarios debe ir aparejada al cumplimiento del pacto por la reactivación económica y social, actualizar el sistema de financiación o el plan específico para la recuperación turística.

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