Los alcaldes de la FEMP acordaron ayer trabajar en una propuesta común que mejore la oferta del Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos tengan más liquidez y que amenazaba con quedar en un decreto de mínimos, y coinciden en que se deberá retomar el fondo específico para el transporte público de 1.000 millones de euros y los 5.000 millones a fondo perdido, aparte del uso del superávit.
Esta decisión de elevar una propuesta en común al Gobierno fue adoptada por la Junta de Portavoces de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), con la novedad de que suma a los socialistas tras hacer público los alcaldes díscolos -una treintena de alcaldes de todos los partidos como el PP, Podemos Cs, PdeCat y de CC - Santa Cruz de Tenerife y Telde- su rechazo al nuevo borrador del decreto del Gobierno de remanentes y superávit.
Los alcaldes rebeldes se conjuraron el martes contra el borrador del decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos, en cuyo texto ni siquiera se incluye el fondo de 5.000 millones de euros que contenía el anterior decreto, y que fue rechazado por el Congreso de los Diputados, la primera derrota del Gobierno de Sánchez en el Congreso y en donde fuerzas como CC y NC votaron en contra. El Estado pedía usar el ahorro que tienen los municipios en los bancos por el superávit y remanentes de Tesorería que se los irían reintegrando en una década y a cambio, quienes se los cedieran de forma voluntaria, se beneficiaban de un fondo de 5.000 millones. El problema es que dejaba fuera los municipios sin ahorro. Como el acuerdo tenía que materializarse en un decreto ley pasando el filtro del Congreso y Hacienda se temía lo peor, la ministra María Jesús Montero ajustó el texto antes de la votación para que esos 5.000 millones a fondo perdido no fueran a parar solo a consistorios con ahorros y también recayeran en parte en ayuntamientos con menos colchón. Esta concesión de última hora consistió en que hasta un 60% de esos 5.000 millones -3.000 millones- se repartiesen según la población y no según el estado de tesorería de las localidades. Pero el decreto fue tumbado. El nuevo decreto suspende la regla de gasto para las entidades locales en 2020 y permite el uso del superávit de las entidades locales en 2019 pero solo para inversiones financieramente sostenibles. Los alcaldes piden que se incorpore los 5.000 millones a fondo perdido, el específico para el transporte y reclaman además gestionar del 14% de los fondos europeos que recibirá España. O sea, unos 20.000 millones.
Tras la Junta de Portavoces, la FEMP anunció la creación de un grupo de trabajo que comenzará hoy a reunirse para perfilar la propuesta económica que remitirán a Hacienda y que contemplará los dos fondos: el que financia el transporte público, muy afectado por la pandemia y los 5.000 millones presupuestados.
“La FEMP no renuncia a nada” dijo el presidente de la FEMP y alcalde socialista, Abel Caballero, que consideró “urgentísimo” disponer ya del superávit. Caballero recordó que para que esa disposición sea efectiva “apenas quedan dos o tres semanas”, por lo que es necesaria una rápida tramitación.
Con esta decisión, el alcalde socialista ha dado un paso en favor de recuperar la unanimidad de la institución, que se ha preciado siempre de sacar los acuerdos por unanimidad, unidad rota con el polémico decreto de los remanentes, al dejar fuera del reparto de los 5.000 millones a los ayuntamientos sin ahorros.
El portavoz del PP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, instó a Caballero a “ejercer” como presidente de la institución y representar a todos los alcaldes de España, no solo a los de su partido.
A la reunión de los ayuntamientos rebeldes de la FEMP del martes y que estaban dispuestos a entablar una negociación directa con el Ministerio y no a través de la Federación estatal si persistía en apoyar el decreto y el nuevo borrador del Estado, asistió el concejal de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez. El edil informó que Santa Cruz de Tenerife ha solicitado que en el reparto de esos fondos, “en el caso de que se incorporen nuevos criterios de reparto, además del poblacional, la insularidad sea un factor a tener en cuenta para corregir desigualdades entre ayuntamientos”.
Expone que para el reparto de dichos fondos “se utilizará un criterio estricto poblacional, pero se baraja la incorporación de otros, como la dispersión geográfica, tasa de desempleo o el número de inmigrantes, entre otros” por lo que ha incluido en el en el debate el sobrecoste que genera la insularidad, para que las islas obtengan un mayor beneficio siendo las que más han acusado la crisis generada por la pandemia. El concejal calcula que Santa Cruz pueden recibir de 24 millones por estos fondos.
Por su lado Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y presidente de la Comisión de Economía y Hacienda de la Fecam, no formó parte de ese grupo díscolo porque prefería encauzar la negociación a través de la FEMP sin romper la unidad municipal- que parece haber retornado ayer- aunque no está de acuerdo con el primer decreto, ni con el borrador que, a su juicio, sigue siendo insuficiente en el uso del superávit y remanentes y no contiene los 6.000 millones.
