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Interior reabre los CIE de Barranco Seco y Hoya Fría y activa las expulsiones

Los migrantes que se trasladen a los dos centros, previo test PCR negativo, vivirán en régimen cerrado hasta ser retornados | Mauritania, primer país para las devoluciones

Migrantes en el muelle de Arguineguín, ayer.

Migrantes en el muelle de Arguineguín, ayer.

El ministerio del Interior ha ordenado reabrir de forma inmediata los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Gran Canaria, y de Hoya Fría, en Tenerife, para activar las expulsiones a los países con los que España tiene convenios de repatriación. Estos centros han permanecido inoperativos desde el 31 de marzo, por la imposibilidad de deportar a migrantes por el cierre de fronteras derivado de la pandemia y tras el brote del Covid -19 que se detectó en Barranco Seco lo que obligó a su desalojo.

Los migrantes negativos en test PCR que puedan ser susceptibles de devolución serán trasladados inminentemente a los dos centros, donde permanecerán en régimen cerrado hasta ser retornados. La ley permite mantenerlos dentro de los CIE un máximo de 60 días y, si en este plazo no han sido devueltos a sus países de origen, deben quedar en libertad.

La reapertura se produce tras la visita la semana pasada del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la comisaria europea de este área, Ylva Johansson, a Mauritania, en donde se negoció la posibilidad de permitir deportaciones a personas que hayan salido de las costas mauritanas. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, confirmó ayer que la reactivación de estos centros se hace con el objetivo de repatriar a los migrantes a los países con los que existen convenios y, por tanto, no serán espacios en régimen abierto, algo que han reclamado NC y Podemos -partidos que forman parte del Gobierno español o del canario- así como distintas ONG, para que no se encierre a los migrantes sino que puedan transitar con libertad.

Trasladan las pateras acumuladas en Arguineguín al puerto de Arinaga

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El diputado de NC, Luis Campos, llama la atención sobre que Interior permita las repatriaciones pero se olvide de las derivaciones a la Península para que estas personas puedan dar el salto al continente, su principal objetivo cuando se lanzan al mar en busca de una vida mejor. Que los migrantes puedan seguir su camino a Europa es una reivindicación de todas las instituciones y ONG de las Islas, pero el Ministerio mantiene “silencio” a esta demanda. El propio vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, exige al Estado el tránsito a la Península porque, en su opinión, no se puede permitir que las Islas se conviertan en cárceles para migrantes, como ocurre en Lesbos o en Lampedusa. La explicación para dirigentes como el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, entre otros muchos, radica en la negativa de otras comunidades a que les envíen a migrantes.

A juicio del delegado del Gobierno, es “una buena noticia" poder contar con estos dos centros, con capacidad para 350 migrantes entre ambas instalaciones, porque la posibilidad de efectuar repatriaciones “también forma parte de la política migratoria".

España cuenta con convenios internacionales de devolución de inmigrantes irregulares con Marruecos, Senegal y Mauritania. Con este último país, el acuerdo es especialmente permisivo, ya que las autoridades de Nuakchot no solo aceptan a sus nacionales, sino a cualquier migrante que haya llegado irregularmente a las Islas si hay constancia de que salió desde sus costas o atravesó territorio mauritano durante su viaje.

De hecho, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que rechaza la apertura de los CIE al definirlos como recintos carcelarios - recuerda que desde estas instalaciones se expulsaron, en cuatro vuelos fletados a Mauritania, a unas 160 personas en el primer trimestre del año y, de ellas, más de 130 eran de Mali, un país que está en conflicto. Tanto CEAR como Nueva Canarias han denunciado en repetidas ocasiones que muchos de los migrantes malienses eran devueltos a Mali desde que llegaban a Mauritania. Esta ONG se opone a que se encierren a las personas llegadas por vía marítima, “que no han cometido delitos”, en los CIE y defiende otras alternativas. El centro de Hoya Fría tiene una capacidad para 238 personas y el de Barranco Seco para 112, si bien por el protocolo Covid se deberían reducir los espacios a ocupar. El juez de control del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, estará vigilante a que se cumplan los protocolos, porque si hay un positivo, y se corre el peligro de que se extienda rápidamente el virus, como ocurrió en marzo, volverá a cerrarlo.

Experto en epidemiología

Díaz Tejera espera que se haya contado con la opinión de un experto en epidemiología para tomar la decisión de reabrir los CIE, que, recordó, tienen carácter carcelario y cumplir con las restricciones sanitarias será complicado. “Habra que garantizar los dos metros en las celdas, las mascarillas, cómo se usan los comedores, la salida al patio, y me consta que es difícil porque he estado en el patio con ellos y allí se reúnen, hablan, se prestan móviles, cargador...”, explica.

“¿Si no fueran inmigrantes, si no fueran negros, dirían a los canarios o españoles que se encerrasen en un lugar por una irregularidad administrativa –sin haber cometido ningún delito- cuando se pide que no haya reuniones de más de seis personas si no son convivientes?”, cuestiona Arcadio Díaz Tejera. Por ello, el juez recalca que si observa que no hay condiciones para el derecho a la salud de estas personas no le quedará más remedio que ordenar el cierre del centro.

El juez Díaz Tejera avisa que si hay un positivo o pocas medidas cerrará el centro grancanario

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Tanto CC como el PP consideran que la apertura de los CIE llega tarde y debe ser una medida transitoria porque no reúnen las condiciones de acogida.

La llegada de pateras y cayucos no cesa. Ayer arribaron ocho embarcaciones con 192 personas, de las cuales un cayuco con 67 varones subsahariano fue trasladado al muelle de Los Cristianos y las siete pateras y cayucos restantes al de Arguineguín, que ya sobrepasa las 300 personas.

De otro lado, el Ayuntamiento de Mogán volvió a acusar a la Delegación del Gobierno de actuar “a base de improvisación" al trasladar las embarcaciones acumuladas en el muelle de Arguineguín al de Arinaga. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que había demandado acabar con el hacinamiento de pateras y cayucos, critica que se haya pasado el problema de un lugar a otro.

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