La pandemia del coronavirus ha traído consigo una nueva normalidad que no termina de funcionar en algunos aspectos. La irrupción del Covid-19 empujó al teletrabajo y a la atención telemática en las administraciones públicas sin que se hayan puesto los suficientes medios para garantizar la inmediatez y calidad de la misma. La crítica de los usuarios se centran principalmente en la tardanza y ausencia de respuestas convincentes que reciben por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Servicio Público de Empleo (SEPE), pero también ponen el foco en los servicios sanitarios, donde las consultas por teléfono no terminan de convencer a todos. Sindicatos y profesionales del área de Servicios Sociales advierten que la escasez de personal y recursos, así como una mala planificación, conducen al colapso.
El nuevo escenario dibujado por el virus ha sacado a flote una realidad denunciada desde hace años –en concreto, desde la anterior crisis económica– por las organizaciones sindicales: la tasa de reposición de las jubilaciones no ha cubierto el número de vacantes. “¿Qué es lo que ocurre? Que afrontamos una crisis sanitaria, social y económica con unos servicios públicos desmantelados”, lamenta Pedro Costera, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Canarias.
El Archipiélago, debido a su especialización en turismo –este sector representa el 35% del PIB y genera el 40% de los empleos–, es la región más afectada por la crisis del coronavirus. Esto ha generado una aluvión de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), una figura jurídica bajo la que aún permanecían 83.500 trabajadores canarios en agosto –30.617 menos que en un mes antes debido, precisamente, a la leve reanimación de la actividad turística durante el verano–. Costera insiste que el personal está preparado para la atención telemática, pero que el caos desatado en la Administración se debe a la cantidad de expedientes que tiene que tramitar sin plantilla suficiente. El secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Canarias señala que, por ejemplo, el SEPE contaba en marzo –mes en el que se decretó el estado de alarma– con un 40% menos de trabajadores que diez años atrás.
Pendientes de respuesta
La falta de respuesta es la principal causa que exaspera a los usuarios de las administraciones. En algunos casos la realización de llamadas a los teléfonos de atención varias a veces al día, en diferentes horas y durante más de dos semanas, no han sido suficiente para tener respuesta. A la actividad ordinaria de organismos como los citados anteriormente se suma ahora la tramitación de nuevas prestaciones sin contar, en muchos casos, con los medios suficientes. Y no solo las propias administraciones, sino también los propios beneficiarios de las mismas. La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, Laura Monroy, hace hincapié en que no todos los ciudadanos que pueden acogerse a las nuevas ayudas poseen los medios necesarios para solicitarlas. En la actual situación muchos trámites se realizan de forma telemática o por vía telefónica sin tener en cuenta, subraya, que los potenciales receptores no tienen acceso a internet o no pueden ni siquiera pagar una conferencia.
Mejor planificación
A la ausencia de medios y recursos económicos Monroy añade, además, la falta de conocimiento con la que cuentan los aspirantes a las prestaciones para acceder a ellas. Por esto, y por todo lo anterior, la presidenta del Colegio profesional de trabajadores sociales de Las Palmas reclama un refuerzo de las plantillas, una mejor planificación y que las administraciones locales pongan en marcha puntos gratuitos de acceso a ordenadores.
El desbordamiento que sufren las administraciones, en especial el Instituto de Seguridad Social y el SEPE, ha provocado que muchos ciudadanos afectados por un ERTE no cobren a su debido tiempo la prestación que les corresponde por hallarse en tal situación, lo que agrava, en algunos casos, su situación de vulnerabilidad. Los errores en el cobro de las mismas –por no contemplar todos los hijos para su cálculo, por ejemplo– ha sido otro fallo común que los beneficiarios tardan en corregir ante el atasco que ha generado la crisis del coronavirus. Incluso el reconocimiento de la jubilación o el arreglo de la prestación de maternidad ha generado más de un quebradero de cabeza por la dificultad a la hora de resolver dudas o iniciar trámites.“
"Es incoherente pagar para tramitar una ayuda"
"Si ponen el 012 para que los ciudadanos se informen sobre sus derechos y tramiten ayudas, es necesario ponerlo gratuito. Es incoherente pagar para tramitar una ayuda de emergencia social”. Así de tajante se muestra la presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Las Palmas, Laura Monroy, que reclama que se establezca un “método gratuito” de información y tramitación de las prestaciones y servicios públicos. El órgano profesional recalca, en un comunicado, que a raíz del cierre de oficinas durante el estado de alarma –y la prolongación, en algunos casos, de esta situación hasta ahora– deja “en desventaja” a las personas que no pueden acogerse a planes de telefonía de tarifas plana o a quienes utilizan tarjetas prepago. A su juicio, el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias debe recoger la gratuidad del 012 –teléfono que ofrece información y servicios de cita de Vivienda, Empleo, Sanidad o Servicios Sociales o facilita la gestión de prestaciones de discapacidad, dependencia o pensiones no contributivas, entre otras–, para garantizar que toda la población, con independencia de sus recursos económicos, “pueda acceder a una atención telefónica oficial que no les suponga ningún coste”. | A. R.
